"Es absurdo ese señalamiento, porque si las autoridades de México quisieran realmente una colaboración de la procuraduría brasileña, ya tendrían en su poder toda la información necesaria, no se debe a que, supuestamente, las autoridades de Brasil no hayan colaborado", aseguró Rodríguez Reina, jefe de la investigación del grupo independiente Quinto Elemento Lab, y de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.
La respuesta de las autoridades judiciales brasileñas ha sido que su papel no es de traductores, "¿cómo nos pueden pedirnos traducciones al español?", dijo el investigador citando la reacción de una de sus fuentes en Brasil.
El fiscal especial mexicano contra delitos federales, Felipe de Jesús Muñoz, acusó el 4 de octubre ante periodistas de falta de colaboración a sus pares sudamericanos.
"Mucha de la información que hemos solicitado a la procuraduría de Brasil no la ha proporcionado, estamos insistiendo", declaró el fiscal mexicano.
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Muñoz achacó a su contraparte de Brasil la responsabilidad por el congelamiento de las pesquisas que involucran en el cobro de sobornos al exdirector general de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex, 2012-2016), Emilio Lozoya, quien fue jefe de asuntos internacionales de la campaña electoral del presidente saliente Enrique Peña Nieto.
En octubre de 2017, el entonces procurador general Raúl Cervantes escribió en su carta de renuncia al cargo, que sigue acéfalo, que la investigación del caso estaba "terminada" y solo dejaba pendiente emitir las órdenes de captura a los acusados, pero un año más tarde el caso sigue paralizado.
Pretextos
La peculiar solicitud de una traducción del expediente a la justicia brasileña sería una argucia más para dilatar la consignación de los imputados.
"Es solo un pretexto para dilatar la investigación y resistir la presión de la sociedad y la prensa", dijo el experto.
"Bastaría con solicitar al Ministerio de Justicia de Brasil, en el marco de convenios internacionales, el acceso a los tres gerentes de Odebrecht, cuyos testimonios nosotros encontramos y hemos publicado", desafió el especialista.
En efecto, Rodríguez Reina tiene en su poder el video con la declaración jurada en Brasil del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll.
Allí revela cómo sobornó a Lozoya, a cambio de contratos de la firma brasileña en México, los más importantes con Pemex.
Luiz Mameri, entonces director de la compañía para América Latina, y Hilberto Mascarenhas, encargado de la oficina de sobornos, completan la batería de demoledoras confesiones.
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"Cualquiera sabe que las declaraciones que hemos descubierto y publicado no tienen valor judicial, porque han sido hechas ante la justicia brasileña", explicó el experto.
La pregunta es por qué los fiscales mexicanos no han viajado hasta la fecha a entrevistar a esos tres "peces gordos" de la constructora brasileña.
La respuesta es que "declararían lo mismo que testificaron en Brasil en sus declaraciones juradas premiadas, con la diferencia de que lo harían con más detalles, pero las autoridades mexicanas no quieren conocerlos", sentenció el investigador, que encontró otros hallazgos de esa red en documentos de paraísos fiscales.
El único pedido que hacen los gerentes brasileños es no ser juzgados en México y que se considere la colaboración que han acordado con la justicia de su país, a cambio de beneficios en las condenas. Sobre todo temen que les abran procesos en México.
Pero la procuraduría mexicana, en vez de negociar a cambio de información decisiva, ha cerrado esa puerta.
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Resulta notable que la declaración contra la procuraduría brasileña ocurra un día después de que el Instituto Federal de Acceso a la Información emitiera una orden para que la procuraduría mexicana abra los archivos del caso.
"No vamos a encontrar nada allí, todo estará censurado, sin nombres ni cuentas bancarias, solo sabremos lo poco que han hecho", adelantó el investigador independiente.
En ese marco, surgió una promesa de esclarecer ese caso de parte de Santiago Nieto, próximo titular de Inteligencia Financiera del gabinete del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
"En el próximo Gobierno habrá cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad en ese caso y otros", declaró.
Nieto fue destituido como fiscal especial de delitos electorales por el procurador interino días después de la renuncia del titular en 2017.
Lo acusó de "violar el código de ética gubernamental", por responder en una entrevista que investigaba los vínculos de Lozoya con el caso Odebrecht.
