"Es claro y evidente que visitar a un testigo protegido que ha dado pruebas que pueden involucrar a su líder (el expresidente Rafael Correa) es algo que no tiene que ver con el servicio al país y peor aún con sus funciones, por lo tanto tiene que investigarse", dijo Chimbo, luego de oficializar el pedido para que se investigue y sancione a la asambleísta.
Espín y la abogada de Correa, Yadira Cadena, visitaron en la cárcel a Falcón y, según el secretario nacional de Gestión Política, Paúl Granda, lo hicieron sin autorización y burlando los controles.
El pleno de la Asamblea discutió el caso de Espín, pero la votación sobre una resolución presentada por el asambleísta Esteban Bernal para investigar a su par quedó pendiente para este 4 de octubre.
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Bernal acusó a Espín de querer interferir en la justicia.
La misma acusación formularon los abogados de Balda y de Falcón.
La legisladora habría ofrecido a Falcón protección de las Naciones Unidas y residencia en Bélgica si cambiaba su testimonio y decía que el fiscal general de la Nación la presionó para inculpar a Correa, según esa acusación.
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Espín, mientras tanto, negó haber presionado a la agente.
"Si en la bitácora no consta mi nombre no es mi culpa, sería un error administrativo de algún policía de turno", aseguró la legisladora, al tiempo de advertir que la Asamblea no es su juez natural.
Falcón y el también exagente de inteligencia Raúl Chicaiza han admitido dentro del proceso ser responsables del delito de asociación ilícita y secuestro del exasambleísta Balda y han dicho que lo hicieron en cumplimiento de órdenes de Correa y de su entonces secretario de Inteligencia, Pablo Romero.
El secuestro de Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá.
