"Mi defendida me ha dicho taxativamente que en ningún momento ha autorizado las visitas ni de la abogada ni de la asambleísta", dijo a periodistas el abogado de Falcón, Diego Chimbo, quien también ejerce la defensa de otro preso e imputado en el caso, el exagente Raúl Chicaiza.
Los dos declararon en el juicio que su participación en el secuestro de Balda se debió a que seguían órdenes del entonces presidente Correa y de su secretario de Inteligencia, Pablo Romero.
El 24 de septiembre, la asambleísta del bloque de Correa, Sofía Espín, y la abogada del expresidente, Yadira Cadena, visitaron a Falcón en la cárcel donde está recluida.
El secretario Nacional de Gestión Política, Paúl Granda, aseguró que Espín y Cadena ingresaron a la cárcel violando los protocolos y los controles establecidos para las visitas.
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De acuerdo con los protocolos que rigen para la visita a personas privadas de libertad, los visitantes deben constar en una lista autorizada por el propio recluido.
Mientras, la ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró el viernes que "no puede una asambleísta hacer visitas a testigos protegidos y tampoco puede entrar a un centro carcelario sin registrarse, como lo hizo la señora Espín".
El abogado Chimbo pidió la noche del jueves a la jueza Daniella Camacho, en el cierre de la audiencia preparatoria del juicio por el secuestro, que por seguridad se conceda arresto domiciliario a Falcón y a Chicaiza.
Los dos exagentes cumplen una prisión preventiva de seis meses.
Chimbo dijo que el sistema de protección de víctimas y testigos no tiene acceso al interior de los centros penitenciarios donde están recluidos los dos exagentes, por lo que "no se puede precautelar al máximo la seguridad de los dos cooperadores".
"Ellos siempre van a estar en riesgo (Falcón y Chicaiza). Tenemos que entender a quién se tocó (…) y ahora está cayendo a través de una delación en la que se entregó pruebas que relataban con total certeza lo que ellos estaban manifestando, entonces merecen esa protección del Estado", aseguró Chimbo.
El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, pidió por su parte a la jueza que su defendido no sea llamado a juicio porque "no hay ningún elemento de convicción que tenga peso".
Ochoa dijo que presentó 45 pruebas de descargo que demostrarían la inocencia de Correa, mientras que el fiscal general de la Nación, Paúl Pérez, argumentó la presentación de 28 evidencias contra el expresidente.
El fiscal acusó el martes a Correa, a Romero, a Falcón y a Chicaiza como autores de los delitos de asociación ilícita y secuestro de Balda.
En los próximos días, la jueza deberá reinstalar la audiencia y decidir si llama o no a juicio a los cuatro imputados.