"El 27 de septiembre de 2018, recibí una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma (el "Estatuto"), a saber, la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú (los "Estados remitentes"), en relación con la situación en la República Bolivariana de Venezuela ("Venezuela"), a partir de 12 de febrero de 2014", dice el comunicado.
La fiscal indicó que esta es la novena vez que un Estado parte del Estatuto de Roma, que creó la CPI, remite un caso a la fiscalía, pero es la primera vez que lo hacen un grupo de países.
Bensouda recordó en su comunicado que viene analizando la situación de Venezuela desde febrero de este año bajo la fórmula del examen preliminar y que ese proceso continuará de forma independiente hasta decidir si existen méritos o no para abrir una investigación penal.
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El hecho de que seis Estados parte de la Corte Penal Internacional (CPI) hayan remitido a la fiscalía de ese tribunal el caso de Venezuela, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma, puede reducir los tiempos para decidir si se abre o no una investigación penal sobre ese país, indicó Bensouda.
"De manera general, la recepción de una remisión (de un caso por parte de Estados parte, como prevé el artículo 14) puede acelerar el procedimiento de apertura de una investigación solo en la medida en que la revisión judicial de mi decisión no sería necesaria con arreglo al Estatuto" de Roma que estableció la creación de la CPI, indicó Bensouda.
Bensouda anunció en su declaración que llegó a su despacho una remisión del caso venezolano enviada por seis países americanos, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que son Estados parte del Estatuto de Roma, como también lo es Venezuela.
La fiscal recordó en su comunicado que viene analizando la situación de Venezuela desde febrero de este año bajo la fórmula del examen preliminar y que ese proceso continuará de forma independiente hasta decidir si existen méritos o no para abrir una investigación penal.
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"En mi calidad de fiscal, debo considerar cuestiones relacionadas con la jurisdicción, la admisibilidad y el interés de la justicia para tomar esa determinación", con independencia de la forma o la vía por la cual se inició un examen preliminar, dijo la fiscal en su comunicado.
La fiscal de la CPI recordó que viene examinando la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde febrero y que el proceso seguirá su curso normal.
"El 8 de febrero de 2018, tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de una cantidad de comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser de competencia de la CPI, decidí abrir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, para analizar los crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y de la inestabilidad política conexa", dice el comunicado.
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Los seis países americanos solicitaron a Bensouda que "inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a partir del 12 de febrero de 2014, con vistas a determinar si se ha de acusar por la comisión de tales crímenes a una o varias personas".
El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio de 2002, y la CPI comenzó a funcionar al año siguiente.
La fiscalía de la CPI lleva a cabo desde 2003 exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales sobre crímenes de genocidio y lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.