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    Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina

    Fiscales federales argentinos buscan agravar situación procesal de expresidenta Fernández

    © AFP 2018 / Juan Mabromata
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    BUENOS AIRES (Sputnik) — Los fiscales federales argentinos Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron añadir otros 886 cargos de corrupción en el procesamiento a la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, acusada de supuestos sobornos durante su gestión.

    "Stornelli y Rívolo pidieron incorporar hechos procesales a la expresidenta", informaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.

    Los fiscales pidieron que la exjefa de Estado sea acusada de un total de 913 hechos de corrupción, cuando el juez Carlos Bonadio la procesó el pasado 17 de septiembre por 27 delitos: 22 casos de dádivas y cinco de cohecho.

    Los representantes del Ministerio Público Fiscal también pidieron que se detenga con prisión preventiva a los empresarios argentinos que sólo fueron procesados.

    La fiscalía solicitó, en concreto, que varios ejecutivos con falta de mérito sean procesados, que se agrave la calificación legal de otros empresarios y que se profundice la investigación sobre el resto de los imputados.

    En su resolución de la semana pasada, Bonadio procesó a más de 40 personas entre empresarios y exfuncionarios del Gobierno anterior en la causa que investiga los sobornos que pagaron empresarios para obtener contratos de obra pública durante los Gobiernos del expresidente fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Fernández (2007-2015).

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    La expresidenta y senadora fue procesada con prisión preventiva.

    Bonadio esperará a que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, también conocida como Cámara Federal, confirme su fallo para solicitar el desafuero de la legisladora, aunque el peronismo, que tiene mayoría en el Senado, adelantó que no aprobará el pedido del magistrado.

    Contexto

    El expediente judicial se originó a partir de las declaraciones de la esposa de Oscar Centeno, chófer de Roberto Baratta, a su vez ex mano derecha de Julio De Vido, que ejerció como ministro de Planificación durante la gestión del matrimonio Kirchner.

    A raíz de este suceso, una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron el pago de coimas para conseguir contratos del Gobierno.

    Bonadío los procesó por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo en varios cuadernos el chófer Centeno, de los cuales solo se han encontrado las fotocopias.

    Sobre el pedido de los fiscales se deberá pronunciar la Cámara Federal en los próximos días.

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