Los sindicatos rechazan el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que fue propuesto por el Gobierno y demandan el retiro inmediato de la iniciativa, informó La Nación.
En términos generales, 32 instituciones públicas han gestionado la declaratoria de ilegalidad del movimiento y por el momento hay 32 personas implicadas en posibles delitos relacionados directa o indirectamente con la huelga.
La secretaria general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Martha Rodríguez, afirmó que el Gobierno ha solicitado que se finalice la huelga, pero sin hacer ofrecimiento alguno.
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Añadió que la declaratoria de ilegalidad decretada para los empleados del Consejo Nacional de la Producción (CNP) no les quitará el impulso para seguir con el movimiento, sino que más bien fortalecerá la huelga.
Servicios afectados
La huelga ha afectado a los siguientes servicios: educación, salud, municipales, telecomunicaciones, puertos y judiciales; incluso el Ministerio de Educación Pública (MEP) reporta que el 52% de escuelas y colegios están cerrados, mientras que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informa de cerca de 2.338 cirugías suspendidas y 66.581 citas que no se pudieron realizar, consigna el medio local La Nación.
La huelga comenzó el 10 de septiembre en rechazo a una reforma fiscal impulsada por el Gobierno para hacer frente a un presupuesto desfinanciado.
El presidente Carlos Alvarado pidió a la justicia que declare ilegal y señaló que la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es el único camino para no llegar a una crisis nacional.
La norma incluye la transformación del impuesto general sobre las ventas en un gravamen al valor agregado, una modificación impositiva sobre la renta, cambios al régimen laboral de los empleados públicos y la adopción de una regla fiscal.
