"Hay demasiadas irregularidades dentro del proceso y nosotros como ecuatorianos debemos exigir que esa nacionalidad le sea retirada al señor Assange", dijo Vintimilla en una conferencia de prensa en Quito.
El Gobierno de Moreno concedió la nacionalidad ecuatoriana a Assange el 12 de diciembre del 2017, tras un pedido realizado por el australiano el 16 de septiembre de ese año.
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La entonces canciller María Fernanda Espinosa explicó que la decisión se fundamentó tanto en la Constitución ecuatoriana como en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, de 1951.
Vintimilla aseguró que "una vez que Assange recibió la nacionalidad ecuatoriana da por terminada su calidad de asilado político (…) y agradece por la naturalización que el Estado ecuatoriano le estaba entregando".
"Él declara públicamente que finaliza su asilo político el 4 de diciembre, es decir ocho días antes de que el Estado ecuatoriano le otorgue la nacionalidad", añadió la legisladora del partido Social Cristiano (derecha).
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El pedido de información lo había realizado hace ocho meses a la entonces canciller Espinosa, quien no se la entregó, argumentando que era reservada.
Según la legisladora, la información no es reservada porque Espinosa no siguió los protocolos que manda la ley para que obtenga tal calidad.
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El australiano rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podría enfrentar la pena capital por haber publicado, a través de su canal informativo digital, miles de documentos filtrados que eran secreto de Estado.
El fundador de WikiLeaks tiene un proceso pendiente con la Justicia británica por burlar las condiciones de su libertad cautelar en 2012 y se arriesga a ser detenido si sale de la embajada por su propia voluntad o sin un acuerdo previo.
En una reciente entrevista con Sputnik, el embajador de Suecia en Moscú, Peter Ericson, aseguró que la Justicia sueca no extraditará a Assange a EEUU si existe el riesgo de que pueda ser condenado a pena de muerte.