La inédita demanda penal ciudadana es contra los titulares y funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) de las carteras federales de Desarrollo Social, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de la Universidad Autónoma del Estado de México, provincia que rodea la capital, y "diversas empresas fantasma que resulten responsables del desvío de recursos públicos", dice la denuncia firmada por líderes de otras organizaciones, entre ellas Transparencia Internacional y el comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA, federal).
La denuncia que fue registrada "con sello de recibido" por la unidad especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR (fiscalía federal).
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La investigación fue complementada por el periódico Reforma "en lo referente a la transferencia de cientos de millones de pesos a domicilios particulares por medio de una intricada triangulación de depósitos en efectivo".
Hasta la fecha, han sido sancionados 11 funcionarios públicos, de los 110 identificados en la investigación independiente.
Sin embargo, entre los sancionados no hay ninguno de los titulares de las 11 dependencias en las que se produjeron los desvíos millonarios.
Estos altos funcionarios aún se mantienen en sus cargos, fueron ascendidos, o concluyeron sus periodos, sin enfrentar a la justicia.
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El esquema de desvío de fondos públicos fue ejecutado mediante la "intermediación" de ocho universidades públicas.
Esa universidades "violaron la ley de adquisiciones", para malversar una parte del total de los fondos desviados, 4.613 millones de pesos (más de 240 millones de dólares actuales) repartidos entre 144 "empresas fantasma o irregulares", dice la investigación.
Las pruebas
Esas pesquisas, según la demanda penal federal, está "relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria".
Este proceso abierto se suma a las acciones jurídicas que son presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR.
"Estamos conscientes de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir", estiman los denunciantes.
La historia mexicana reciente muestra que "cuando no hay consecuencias para los actos y redes de corrupción, estos se multiplican", advierten los líderes ciudadanos.
"No corresponde ni al presidente constitucional (Peña Nieto) ni al presidente electo (López Obrador) decidir a quién investigar y sancionar y a quién no", apunta el texto difundido.
Ese señalamiento alude a declaraciones del presidente electo, quien el fin de semana pasadocalificó esa investigación "como un circo" y dijo que una de las acusadas, integrante del Gobierno de Peña Nieto, quien es titular de una de esas dependencias, Rosario Robles, era "un chivo expiatorio".
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Robles fue jefa de gobierno sustituta de la Ciudad de México en 1999 y 2000, cuando el titular Cuahtémoc Cárdenas se lanzó a su tercera campaña por la presidencias y fue antecesora de López Obrador en el gobierno capitalino, pero renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) que presidió en 2002 y 2003.
"Nuestro mensaje es claro, para este y para otros casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la politización de la justicia que es la negación de la justicia", puntualizan las organizaciones.
Más de 60 líderes ciudadanos respaldan la denuncia entre ellos, Mariclaire Acosta, presidenta del comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Eduardo Bohórquez de Transparencia Internacional capítulo México, Rocío Culebro directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edna Jaime, directora ejecutiva e México Evalúa, y Mario Patrón, director del jesuita Centro de derechos humanos, Agustín Pro Juárez (sj), además de académicos del Colegio de México y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
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La estrategia legal fue realizada en colaboración con abogados especializados en litigio penal anticorrupción.
