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    Labores de rescate tras el sismo en México (archivo)

    La ONU pide proteger DDHH y evitar corrupción en emergencias tras sismos en México

    © Foto : Notimex/Francisco Estrada
    América Latina
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La necesidad de proteger derechos humanos y combatir la corrupción ante emergencias humanitarias y procesos de reconstrucción en México, fue señalada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ONU-DH) a un año del sismo del 19 de septiembre de 2017.

    Con motivo del aniversario de ese terremoto y del precedente del 7 de septiembre del año pasado, la misión permanente de la ONU-DH en el país, que encabeza Jan Jarab, exhortó a las autoridades mexicanas a "mantener como temas prioritarios la atención a las poblaciones afectadas y la preparación frente a los riesgos naturales".

    Jarab llamó a los responsables gubernamentales a que "retomen efectivamente las denuncias" de todo tipo y las lecciones aprendidas señaladas por las miles de personas damnificadas y por las organizaciones de la sociedad civil.

    "Los informes que con un gran esfuerzo se han realizado para evaluar la reconstrucción, el impacto de la corrupción urbanística, el posible desvío de ayudas y el impacto psicológico y social de los sismos, suponen un gran capital para el diseño de las acciones públicas que contribuyan a una sociedad más resiliente", indicó el representante del organismo internacional en el país.

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    Para contribuir a la atención integral de las personas damnificadas, la delegación del alto comisionado que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet documentó el proceso de atención a distintas poblaciones en la capital y en los estados de Morelos, Puebla (centro), y de Oaxaca y Chiapas (sur), para identificar las lecciones aprendidas y necesidades pendientes.

    Los acontecimientos durante la tragedia mostraron la necesidad de "fortalecer la dimensión de derechos humanos en la respuesta a los desastres", sobre todo en términos de protección a las víctimas e información a las personas directamente afectadas.

    La dimensión de género también surgió como prioridad para futuros esfuerzos, ante el desastre en el que murieron 470 personas en todo el país, de ellas 228 fallecieron en la capital, y la reconstrucción de los daños se estima en unos 2.000 millones de dólares.

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    Ese enfoque incluye, por ejemplo, "la situación de las trabajadoras domésticas, cuya localización fue más complicada por su estatus de informalidad laboral, y los riesgos que enfrentaron mujeres y niñas en los albergues, y dar atención particular a los grupos en situación de vulnerabilidad", recomienda el organismo.

    Despolitizar la recontrucción

    Jarab recordó a las autoridades mexicanas su obligación de garantizar los servicios públicos y despolitizar la protección de los derechos a los damnificados por los sismos y otros riesgos naturales.

    En la reconstrucción, son necesarios censos completos, pero sobre todo garantizar "la transparencia en el uso de recursos y atención a las necesidades e impactos en la población de corto y largo plazo", indicó el representante de ONU-DH.

    Exigió además evitar cualquier tipo de discriminación política en la atención a víctimas.

    "La atención no puede ser condicionada por la afiliación política, apoyo electoral o consentimiento ante ciertos proyectos", señala el alto funcionario.

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    Para evitar el riesgo de "ineficacia, discriminación o corrupción en estos procesos", en la reconstrucción se requiere la participación activa de las personas beneficiarias, involucradas en su diseño, implementación y evaluación", recomienda.

    El sector empresarial ha jugado un fundamental papel complementario en el apoyo ante los desastres, "pero las autoridades no pueden transferir sus obligaciones a los entes privados", advierte el informe.

    Dicha participación debe ser facilitada por las autoridades por medio de "información transparente, espacios de diálogo y el seguimiento a los compromisos" adquiridos con las personas afectadas.

    Los sismos de septiembre de 2017 afectaron especialmente a algunas de las poblaciones de mayor vulnerabilidad y marginación en zonas agrestes y urbanas del país.

    "Los esfuerzos de recuperación no deben perpetuar la discriminación, la exclusión y la marginación", puntualizó la ONU-DH.

    Dado el carácter indígena de muchas poblaciones afectada en el sur del país, también pide garantizar que la oferta de vivienda, sean "culturalmente adecuadas".

    Asimismo, los esfuerzos de reconstrucción deben ir acompañados de acciones de prevención.

    "México es un país que enfrenta numerosos riesgos naturales y el esquema de atención a los mismos debe incluir la reducción del riesgo", de acuerdo al marco para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, advierte el organismo.

    Finalmente, la ONU-DH reitera que un número considerable de familias sigue padeciendo situaciones difíciles en el inconcluso proceso de reconstrucción.

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    El segundo sismo ocurrió en la misma fecha del terremoto de 1985 que destruyó más de decenas de miles de edificios en la Ciudad de México, cuando murieron entre 3.000 y 10.000 personas, según fuentes oficiales y de socorristas.

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    Etiquetas:
    derechos humanos, terremoto, corrupción, ONU, México