"Estamos solicitando que al establecerse el incumplimiento de la resolución que otorgó el amparo provisional se ordene la remoción del ministro de gobernación Enrique Degenhart, así como de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel (…) y se "ordene el encausamiento contra el presidente de la República (Jimmy Morales) y el ministro de la gobernación y la ministra de Relaciones Exteriores", indicó Rodas, consigna la cuenta de Twitter de la Institución del Procurador.
"Solicitamos a la honorable Corte de Constitucionalidad dejar sin efecto la decisión adoptada por el presidente de la República al desconocer al hoy comisionado (Velásquez de la CICIG), dejar sin efecto la nota diplomática girada por la ministra de Relaciones Exteriores al secretario general de las Naciones Unidas donde requirió una nómina de candidatos para el cargo de comisionado de la Comisión", afirmó Rodas.
El Gobierno de Guatemala envió una carta el lunes y le dio a las Naciones Unidas un plazo de 48 horas para brindar la lista de candidatos a reemplazar a Velásquez, período que vence este miércoles.
Rodas añadió que la Institución también solicitó a la CC "que se ordene al presidente de la República que por los conductos legales correspondientes se permita el ingreso al territorio nacional de Iván Velásquez por ser la persona que hoy ejerce el cargo de comisionado".
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Además el Gobierno negó el ingreso al país del titular de la CICIG, el colombiano Velásquez.
El jurista se encontraba en Washington por temas de agenda cuando el Gobierno guatemalteco anunció el 3 de este mes que le prohibía el reingreso al país, argumentando que su presencia atentaba contra el orden y la seguridad pública.
Morales ya había intentado expulsar a Velásquez del país centroamericano y lo declaró persona no grata el año pasado, además de pedir su reemplazo a la ONU.
El secretario general la ONU, Antonio Guterres, solicitó a Velásquez que siga al frente de la CICIG, pero de forma remota.
La CICIG y la fiscalía general habían pedido el desafuero de Morales el mes pasado para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.
El antejuicio al mandatario fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia y luego pasó al Congreso, donde a finales de agosto de instaló la Comisión Pesquisatoria que debe examinar las pruebas contra Morales y emitir un informe al pleno.
