Apenas un 11% consideraron que Chávarry debe permanecer en el cargo, mientras el restante 4% dijeron no saber, según el sondeo de la empresa Datum, publicado por el diario Perú 21.
Esta red se dedicaba a corrupción, tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos y estaba integrada por miembros del sistema judicial y empresarios.
A inicios de junio se difundieron interceptaciones telefónicas al juez Hinostroza que sugerían que éste tendría una relación cercana con el fiscal de la Nación.
Radio: Ratifican en el cargo a fiscal peruano, pese a las críticas
En dicha conversación, Chávarry le pedía supuestamente a Hinostroza coordinar con empresarios y miembros del sistema judicial y periodistas a fin de asegurar su nombramiento en el cargo.
El 20 de agosto la fiscal Sandra Castro, encargada de investigar Los Cuellos Blancos del Puerto, señaló a Chávarry como parte de la red.
La fiscal Castro basó su afirmación en testimonios de colaboradores eficaces.
A pesar de los pedidos del Poder Ejecutivo y de varios bloques del Congreso, Chávarry se niega a renunciar.