"Rastreamos las empresas que recibieron cuatro contratos en 2016 y triangularon grandes sumas de dinero, pero no se sabía quiénes las dirigían", relató Olmos, investigador jefe del organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).
Olmos afirma que esos documentos "comprueban que los 246 millones de pesos (más de 12 millones de dólares) que se desviaron hacia las campañas priistas por su antecesor, César Duarte (2010-2016, prófugo por peculado), pasaron por las manos de policías de una corporación privada", del central estado de México.
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El Cuerpo de Seguridad Auxiliar al que pertenecían los agentes, fue creado cuando Peña Nieto fue gobernador de ese estado que rodea la capital del país (2005-2011), y todavía funciona como empresa privada, dependiente de la comisión de Seguridad Ciudadana provincial.
El equipo de Olmos siguió la pista del dinero en actas, registros públicos y judiciales, hasta localizar los domicilios de los accionistas de las compañías fantasma, donde se toparon con una sorpresa: "son personas de condición de vida humildes", que viven en barrios populares de la capital y el central estado de México.
"Descubrimos que los contratos fueron adjudicados a testaferros y que uno de ellos fue policía de ese cuerpo policial privado", del estado que gobernó Peña Nieto.
En la segunda fase de la investigación, encontraron los estados financieros de la red.
"El dinero se dispersó en otra red de empresas ligadas al mismo agente, a otros dos policías, su familia y vecinos", describió Olmos.
Otra anomalía mayor
Por esa ruta, los investigadores descubrieron que los fondos públicos otorgados a esa corporación policial eran mucho mayores que los recibidos por esos tres agentes desde Chihuahua.
Los contratos recibidos por esa peculiar corporación suman otros 100 millones de dólares (2.000 millones de pesos), otorgados sin concurso por varias carteras del Gobierno federal, pero nunca se indagó.
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En contraste, la procuraduría federal cerró el proceso contra el principal imputado de peculado en Chihuahua, quien era secretario general nacional adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, detenido desde el 20 de diciembre de 2017.
Una apelación de las autoridades de Chihuahua mantiene en prisión a Gutiérrez, integrante del círculo íntimo de un líder histórico de ese partido, Manlio Fabio Beltrones, quien encabezó el PRI en ambas cámaras del Congreso y era su presidente nacional cuando se orquestó el presunto fraude.
Los policías en la trama
El expolicía del estado de México, José Juan Saliano González, aparece como operador de las cuatro empresas utilizadas para la presunta malversación creadas en agosto de 2015 con familiares y vecinos, según el rastreo de actas que realizaron Olmos y la experta anticorrupción Valeria Durán.
La pantalla fueron "cursos de capacitación a padres y maestros que nunca se impartieron", relato Olmos.
El dinero fue entregado el 7 de abril de 2016 y "casi de inmediato se dispersó en decenas de operaciones" a otras siete empresas y a tres personas vinculadas al agente policial.
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La indagatoria descubrió que en octubre de 2016 los tres policías se metieron en líos menores, al ser detenidos cuando intentaron robar el equivalente a 150.000 dólares de una empresa que custodiaban en una zona residencial de la Ciudad de México, Jardines del Pedregal.
"Eso robo insignificante no tiene explicación para supuestos empresarios que manejaron una cantidad multimillonaria de dinero", comentó Olmos.
Un testigo protegido, identificado como T701/2017, confesó que el alto dirigente acusado le mencionó "un acuerdo" con la cartera federal de Hacienda para que las gobernaciones del PRI en los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz "apoyaran la operación electoral a nivel nacional del año 2016".
Entre diciembre de 2012 y septiembre de 2016, el titular de Hacienda fue Luis Videgaray, actual canciller de México.
