"Estamos preocupados por la decisión de Guatemala de no prolongar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad bajo el amparo de la ONU, que expira el 3 de septiembre de 2019, lo que podría representar un importante revés para el trabajo tan necesario aún de investigar, perseguir y desmantelar las redes criminales que siguen operando en Guatemala", señala.
"Urgimos al Gobierno a garantizar que el traslado anunciado de los poderes de la CICIG a instituciones nacionales no debilitará las investigaciones actuales y futuras de los casos de corrupción".
El OACDH denuncia también que "en los últimos días la policía ha interrogado en numerosas ocasiones a varios prominentes defensores de derechos humanos, lo que plantea la pregunta sobre el posible uso de las tácticas de intimidación contra las voces disidentes".
"La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU reitera su compromiso de cooperar con el Estado y la sociedad civil para reforzar los derechos humanos y la supremacía de la ley en Guatemala", concluye.
La semana pasada, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que decidió no renovar el mandato de la CICIG, creada por acuerdo de este país y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2006.
