La ACNUDH publicó esta semana un informe crítico sobre el papel del Gobierno de Nicaragua en la violencia política que vive el país desde abril de este año.
En respuesta el Gobierno de Daniel Ortega, que rechazó el informe, decidió expulsar a la misión del país.
"La decisión del Gobierno de Nicaragua de suspender la presencia de la misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) contradice el objetivo de garantizar la responsabilidad por violaciones de derechos humanos y garantizar la justicia para las víctimas de la violencia", dice el comunicado.
Precisó que se trata, en particular, de las recomendaciones sobre el desmantelamiento y desarme de grupos partidarios del gobierno, el cese de todas las detenciones ilegales y la liberación de los detenidos arbitrariamente.
Radio: Nicaragua: ¿se está desactivando el conflicto?
La nota subraya que la presencia de organismos internacionales de derechos humanos en Nicaragua "es esencial para restablecer la confianza".
"Solo un diálogo integral sobre la justicia y la democracia permitirá hallar una solución pacífica a la crisis y responderá a las demandas legítimas de la población", constató.
De inmediato el Gobierno de Daniel Ortega rechazó el documento y advirtió que la misión de la ACNUDH que había sido invitada al país no tenía mandato ni función para realizar monitoreo sobre los casos de muertes y detenciones en el marco de las protestas.
Además: "Este es mi horror vivido": la cara oculta del conflicto en Nicaragua
El Gobierno reconoce que desde abril fallecieron algo menos de 200 personas y asegura que la violencia es promovida en gran medida por sectores opositores que buscan un "golpe blando" contra Ortega.
