La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público solicitó información de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la CICIG y también pidió información a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Defensa, informó el medio digital local Plaza Pública.
En la tarde del 31 de agosto, hora local, distintos grupos de personas se presentaron en la sede de la CICIG; mientras unos insultaban al comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, y otros mostraban su apoyo, informó el periodista Alberto Pradilla en su cuenta de la red social Twitter.
Entre los contrarios a Velásquez hubo personas que tiraron petardos y propinaron gritos e insultos contra el diplomático.
"Fuera marrano, fuera extranjero", se escucha en el video publicado por Pradilla.
Apoyo a la CICIG
Diversas personas del ambiente político mostraron su apoyo a la CICIG y lamentaron la decisión del presidente Morales.
Por otro lado, la congresista por el estado de California (EEUU, oeste), de origen guatemalteco, Norma Torres, tildó la medida del presidente como un "retroceso".
Acusó a Morales de haber "abandonado por completo su promesa de campaña de un Gobierno más transparente", según un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.
Por último, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, agradeció en una breve declaración el apoyo de la sociedad civil y la prensa.
"Estamos expectantes", agregó Ponce que no dio más detalles.
Morales anunció el 31 de agosto, en un discurso televisado, que decidió no renovar el mandato de la CICIG, creada por acuerdo de este país y la ONU en 2006.
Sin embargo, el año pasado Jimmy Morales declaró persona no grata al comisionado de la CICIG.
La CICIG es un "órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos", según su tratado constitutivo.
Este mes, la CICIG y la fiscalía general pidieron el desafuero del presidente guatemalteco para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.
El antejuicio de Morales, el tercero que enfrenta, fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia y luego pasó al Congreso, que tiene la última palabra sobre la inmunidad presidencial.
El 29 de agosto se instaló la Comisión Pesquisadora del Congreso, que debe examinar las pruebas contra Morales, indagar a las partes y luego emitir un informe al pleno.
En agosto del año pasado, otra investigación de la CICIG y la fiscalía general contra Morales se hundió en el Congreso, donde el presidente obtuvo los votos suficientes para mantener su inmunidad.