"Espero que [la Corte IDH] sancione al Estado peruano y repare los daños físicos, emocionales y materiales que he sufrido yo y mi familia, y lo obligue a cumplir con su deber de proteger a las personas trans, así como manda nuestra ley", demandó Rojas Marín.
Se trata del primer caso que verá ese órgano judicial sobre violencia contra una persona transexual en toda su historia.
"Luego de años de batallar en la justicia peruana, había perdido la esperanza, esa es la verdad; han sido 10 años [desde el incidente de abuso del que fue víctima] yendo al Ministerio Público, soportando comentarios ofensivos, sentirme una persona que incomodaba cuando solo estaba buscando justicia", dijo Rojas Marín a esta agencia.
En 2008, en el departamento peruano de Trujillo (norte), Azul Rojas Marín fue detenida por la policía bajo supuestos fines de identificación.
Posteriormente fue trasladada a la comisaría de la localidad de Casagrande, donde fue víctima de tortura y violación de parte de tres policías.
Desde aquel incidente, los fiscales negaron la evidencia del informe del médico legista que confirmaba los delitos.
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"El Estado peruano aún busca desestimar mi caso mandando los documentos a la Comisión donde se me trata como "presunta víctima" cuando yo tengo todas las pruebas de que fui una víctima", sostiene Rojas Marín.
Con la ayuda de la organización no gubernamental peruana Promsex, Rojas Marín acudió a la CIDH, la cual revisó su caso y ha citado al Estado peruano ante la Corte IDH para revisar y pronunciarse sobre al respecto.
"Al momento me siento contenta porque confío en que la Corte IDH va a sentar un precedente para que ninguna persona de nuestra comunidad (LGBT) vuelva a sufrir lo que yo sufrí", dijo confiada Rojas Marín.
A la fecha, los policías acusados siguen trabajando con regularidad.
