"Estas últimas semanas ya llegamos a un total de 1.187 personas expulsadas", dijo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, en conferencia de prensa.
Según explicó Ubilla, la mayoría de los expulsados de este 23 de agosto tenían antecedentes por tráfico de drogas, y detalló que uno de ellos, de nacionalidad boliviana, fue expulsado por haber cometido una violación a una menor de 12 años en 2013.
"Para nosotros como Gobierno, sacar a las personas condenadas de acuerdo a las instrucciones de los respectivos jueces es un compromiso que tenemos que lograr rápidamente, de manera eficaz y respetando sus derechos", señaló Ubilla.
El subsecretario también se hizo cargo de los cuestionamientos que ha generado esta política en la oposición y en organizaciones de migrantes, quienes la han tildado de "populista" y han dicho que el Gobierno está "haciendo un circo" con las expulsiones.
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"Decir eso es no respetar los derechos humanos de las propias personas que están siendo expulsadas, es no entender nada, es minimizar el efecto de lo que significa ser un país con una política migratoria ordenada", afirmó.
El Gobierno de Sebastián Piñera adoptó una nueva política migratoria en abril pasado, que establece la expulsión de migrantes que hayan infringido la ley y también de aquellos que, aunque que no tengan antecedentes penales, residan en el país sin documentos.
