La nota de este Comité de la ONU pide al Estado brasileño que "tome las medidas necesarias para permitir que el autor (Lula) disfrute y ejerza sus derechos políticos desde la prisión, como candidato en las elecciones presidenciales de 2018, incluyendo el acceso apropiado a la prensa y a los miembros de su partido político".
El pronunciamiento es una respuesta a una petición que formularon a finales de julio de 2018 los abogados del exmandatario.
El Comité también llama a tomar medidas para "no impedir que el autor (Lula) concurra a las elecciones presidenciales de 2018 hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un proceso justo y que su condena sea final".
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La defensa del expresidente añadió en un comunicado que esta decisión reconoce la existencia de la violación del artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Los abogados de líder del Partido de los Trabajadores (PT) recuerdan que Brasil incorporó a su ordenamiento jurídico el protocolo que reconoce la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos de la ONU y la obligatoriedad de cumplir sus decisiones.
De esta forma, apunta la defensa de Lula, "ningún órgano del Estado brasileño podrá presentar cualquier obstáculo para que el expresidente pueda presentarse a las elecciones de 2018 hasta que haya una decisión transitada en juicio en un proceso justo".
Es probable que acabe siendo vetado, dado que la legislación brasileña prohíbe que se presenten a las elecciones candidatos con una condena en segunda instancia, como es el caso de Lula.
El exmandatario está preso en Curitiba (sur) desde el mes de abril, cumpliendo una condena de 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción y lavado de dinero, y es claro favorito en la carrera electoral, según las encuestas.