"Pasados 150 días [del asesinato] entendemos que tenemos la obligación de poner a la Policía Federal a disposición, ya sea del Ministerio Público o del área de seguridad del estado [de Río de Janeiro], para ayudar de forma afectiva a asumir la investigación", explicó el ministro en una rueda de prensa, según recoge la estatal Agencia Brasil.
Por el momento las investigaciones están en manos de la Policía Civil (que depende del Gobierno del estado de Río de Janeiro), y apenas han producido resultados; por ello, el ministro propone traspasar el caso a la Policía Federal, de ámbito nacional y controlada por el Gobierno central.
El ministro aseguró que está todo listo para que haya un eventual traspaso (incluso se ha pensado en qué comisarios se encargarían), pero subrayó que no habrá injerencias y que esto sólo sucederá si lo solicitan las autoridades de Río de Janeiro.
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Jungmann no citó nombres, pero confirmó que hay políticos que están siendo investigados por su supuesta relación con el crimen.
Franco fue ejecutada tiros el pasado 14 de marzo junto al chófer del vehículo en el que viajaba por el centro de Río de Janeiro, y desde el principio las autoridades trabajaron en la hipótesis de un asesinato político.
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La concejala, que pertenecía al izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), era una destacada activista por los derechos humanos, centrando gran parte de su trabajo en las causas de la población negra, los vecinos de favelas y suburbios, las mujeres y el colectivo LGTB.