"La jueza nacional Silvia Sánchez acogió el pedido de la Fiscalía y le impuso al procesado la prohibición de salida del país, la presentación periódica cada 15 días ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas [oeste] y el uso del dispositivo de vigilancia electrónico, que le fue colocado al término de esta audiencia", indica el texto de prensa.
Se lo investiga por aparentes anomalías financieras en la realización de Enlace Ciudadano, espacios informativos de radio y televisión que mantuvo Correa cada sábado durante sus 10 años de Gobierno.
Las acusaciones de la Fiscalía se basan en un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado meses atrás en el que "se evidenciarían contrataciones irregulares para la preproducción y montaje de enlaces ciudadanos de una persona que no cumplió con los requisitos mínimos para realizar esta actividad".
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También estaría bajo observación la negociación con la productora Satré para la realización de una consultoría "que mejore la producción de las denominadas sabatinas que se realizaron durante el Gobierno de Rafael Correa".
Todas estas irregularidades habrían perjudicado al Estado en al menos 250.000 dólares.
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La Fiscalía señala que entre los elementos de convicción están las versiones de extrabajadores de la Secretaría de Comunicación, quienes mencionaron que Alvarado, máxima autoridad de la institución entre julio de 2009 y mayo de 2017, "delegó a sus funcionarios más cercanos la realización de las contrataciones de los productos antes señalados".
El delito de peculado está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal y es sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 13 años.