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    Red de ONGs de Latinoamérica y Caribe: aborto se legalizó "socialmente" en Argentina

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    América Latina
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    Polémica en torno a la legalización del aborto en Argentina (32)
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    LIMA (Sputnik) — A un día de la votación de la ley que podría legalizar el aborto en Argentina, la vocera de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Rsmlac), María Inés Re, afirmó a Sputnik que en ese país la interrupción del embarazo ya se despenalizó socialmente.

    "El aborto se ha despenalizado socialmente y eso es mucho más importante que la despenalización legal", indicó la vocera de la Red que articula personas y organizaciones de movimientos sociales y de salud de las mujeres de Latinoamérica y el Caribe.

    Re participa de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en Lima.

    "En Argentina se ha generado un movimiento social muy fuerte, sobre todo en mujeres jóvenes que han tomado la posta de las que han luchado antes, eso es muy difícil que se silencie con leyes", añadió.

    La vocera argentina de la Rsmlac afirmó que "la despenalización legal es importante para que no sigan muriendo mujeres, pero si la aprobación (de la legalización del aborto) no se da este año, será el siguiente".

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    En la conferencia regional de la Cepal la expectativa por los resultados de la votación es alta, considerando a Argentina como un referente que, a decir de Re, "es posible que impulse una reacción en cadena en la región".

    La votación en la cámara alta de Argentina se prevé ajustada entre quienes están a favor y los que están en contra.

    La secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai), Susana Chávez, quien también participa de la conferencia de la Cepal, dijo a Sputnik que confía en el Consenso de Montevideo, un documento sobre población y desarrollo elaborado en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en 2013, que interpela a los países sobre el aborto.

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    Al respecto, Chávez afirmó que "a diferencia de otros debates de política de población que planteaban el cumplimiento de medidas favorables al aborto solo en países que tenían algún nivel de despenalización, el Consenso de Montevideo interpela a los países al señalar que el aborto no puede ser un evento punible en la vida de las mujeres".

    En ese sentido, la secretaria ejecutiva del Clacai confía en que el Consenso de Montevideo observe "la necesidad de que el aborto no se resuelva con una prohibición porque eso solo deja expuestas a las mujeres de menos recursos".

    Chávez coincide en que en Argentina ya existe una despenalización "social" del aborto, y que en caso de que la ley sea aprobada "la oposición va a desarrollar otros tipos de estrategias, como obstruir al sistema sanitario para que las mujeres no accedan al derecho a interrumpir un embarazo".

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    Si eso sucede o si la ley no se aprueba a pesar del apoyo que tiene en la sociedad civil eso generaría "un grave revés para la democracia de Argentina", añadió Chávez.

    El 8 de agosto, el pleno del Senado de Argentina comenzará el debate del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

    Esa iniciativa, votada en la cámara baja en junio pasado, contempla la interrupción voluntaria hasta la semana 14 de gestación y establece penas para los médicos que se nieguen o dilaten la práctica de un aborto.

    Durante el debate en las comisiones del Senado, algunos legisladores propusieron modificaciones para hacerlo menos estricto y conseguir los votos necesarios para su aprobación.

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    El 1 de este mes las tres comisiones del Senado concluyeron en desacuerdo sobre si se logró o no un dictamen a favor del texto con modificaciones.

    A raíz de esa situación, la sesión arrancará con una discusión técnica sobre qué proyecto se tratará en primer lugar, el modificado que no obtuvo mayoría en las comisiones o el votado por la cámara baja.

    Las modificaciones sugeridas son reducir de 14 a 12 semanas de gestación el plazo para un aborto voluntario, permitir la "objeción de ideario" para las instituciones médicas confesionales y eliminar las penas para el personal médico que se niegue u obstaculice las interrupciones de embarazos sin haberse inscripto previamente en el registro de objetores de conciencia.

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    Si el proyecto se rechaza no podrá volver a tratarse hasta el año que viene, según la Constitución de Argentina, pero si se aprueba con cambios volverá a Diputados, donde se presume será finalmente aprobado. 

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