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    Juan Manuel Santos, presidente de Colombia

    Santos, ocho años de apuesta a una paz que sigue dividiendo a Colombia

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    Andrés Pachón
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    BOGOTÁ (Sputnik) — La empresa más importante a la que se dedicó el saliente presidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), que concluye el 7 de agosto su segundo mandato, fue la paz, un asunto que 54 años después del comienzo del conflicto armado sigue dividiendo al país.

    "Santos deja un país dividido, polarizado, porque el acuerdo de paz en lugar de reconciliar a los colombianos ha producido una enorme fractura que tardará mucho tiempo en sanar", dijo a Sputnik el exsenador del derechista partido Centro Democrático, Alfredo Rangel.

    El acuerdo de paz de noviembre de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que a partir de entonces se desmovilizaron, dejaron las armas, se sometieron a un régimen de justicia transicional y formaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, le valió al presidente reconocimiento internacional y el Premio Nobel de la Paz.

    Pero hubo una tenaz oposición interna a las negociaciones, y la popularidad de Santos llegó en algunos momentos a solo 12%, según encuestas, la más baja de un presidente colombiano.

    "La popularidad, esa caricia efímera para la vanidad, la sacrifiqué gustoso y la volvería a sacrificar a cambio de una sola de esas vidas salvadas", dijo Santos el 20 de julio en el acto de toma de posesión del nuevo Congreso, en alusión a las casi 3.000 vidas que, según las estadísticas, se salvaron tras el armisticio. 

    Cuando el Gobierno plebiscitó el contenido del acuerdo de paz en octubre de 2016, 50,2% de los votantes se manifestaron en contra.

    Pero Santos recordó que su campaña por la reelección en 2014 se basó en lograr la paz, de modo que los equipos negociadores volvieron a la mesa, realizaron reformas a lo acordado y el resultado fue aprobado por el Congreso en noviembre de 2016.

    Sus críticos, con el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, lo acusaron de desconocer la voluntad popular expresada en el plebiscito.

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    "No cabe duda de que su legado histórico es haber logrado que las FARC se desmovilizaran, pero aparte de eso sus gestiones de Gobierno son menos visibles o quedan inconclusas, por ejemplo, todo su plan de transformación de infraestructura quedó incompleto, así como el acuerdo de paz con el ELN", dijo a esta agencia el analista político Juan Fernando Londoño.

    El ELN (Ejército de Liberación Nacional), un grupo guerrillero menos importante que las FARC pero también alzado en armas en 1964, comenzó negociaciones con el Gobierno colombiano en febrero de 2017, luego de una fase exploratoria entre 2012 y 2015.

    También hubo avances importantes en materia de política social y educativa, pero "no es algo destacado", según Londoño.

    Más riqueza, menos distribución

    La economía creció a un promedio anual de 3,8% en el período de Santos, apenas 0,3% menos que en los ocho años anteriores.

    Pero "el país queda peor en materia económica que antes del Gobierno de Santos, porque fue incapaz de resolver los dos principales problemas económicos y sociales que tiene Colombia, que es crear riqueza y mejorar su distribución", consideró el director del Centro de Estudios del Trabajo, Mario Valencia.

    Las acciones del Gobierno se encaminaron a reforzar la condición de país exportador y productor de materias primas, por lo que dejó la economía al vaivén de los precios del petróleo y sin conseguir la diversificación productiva, según Valencia.

    "Todo eso llevó a que la calidad del empleo se deteriorara considerablemente", explicó el analista, quien recordó que "Santos hizo tres reformas tributarias que fueron una cada vez más regresiva que la anterior".

    Seguridad

    El fin del conflicto con las FARC significó una caída radical de los enfrentamientos, muertos y heridos de los dos bandos.

    Pero uno de los coletazos del armisticio es la persecución violenta de líderes sociales en zonas antes controladas por las FARC.

    La violencia se ejerce primordialmente contra quienes encabezan procesos de restitución de tierras arrebatadas por la fuerza durante el conflicto.

    Es que en Colombia todavía hay grupos armados, además del ELN, en particular los paramilitares de extrema derecha, supuestamente desmovilizados en la década pasada pero que siguen actuando, y elementos residuales disidentes de las FARC.

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    La violencia se expandió en los últimos meses a la frontera con Ecuador, y en los últimos días llevó al Gobierno de Perú a decretar el estado de excepción en la región limítrofe con Colombia.

    "El homicidio, que había caído en los últimos 16 años, ha empezado a subir", indicó Rangel.

    Desde la firma de la paz han sido asesinados 326 líderes sociales, según cifras de la Defensoría del Pueblo (ombudsman).

    Unos 60 excombatientes de las FARC y 20 familiares fueron asesinados, mientras igual suerte corrieron 59 indígenas, según la Organización Nacional Indígena de Colombia.

    Volvieron también los desplazamientos forzados y masivos.

    En los primeros seis meses de este año, 17.825 personas huyeron de sus hogares en varias regiones del país, según la Defensoría.

    Narcotráfico sempiterno

    Aumentó asimismo la extensión de cultivos dedicados a la producción de drogas, sobre todo coca, a 190.000 hectáreas, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés).

    Los críticos derechistas de Santos atribuyen ese aumento a su decisión de suspender en octubre de 2015 la fumigación aérea con el herbicida Glifosato, luego de que un informe de la Organización Mundial de la Salud alertara de su carácter potencialmente cancerígeno.

    "Tal incremento fue uno de los errores que se cometieron en la negociación de paz con las FARC, porque el Gobierno fue demasiado optimista con respecto a los posibles efectos del acuerdo y pensó que todas las cosas buenas iban a venir como consecuencia del mismo", dijo Londoño.

    Además, advirtió "no hubo una estrategia para copar [desde el Estado] los territorios que dejaban las FARC y reemplazar los cultivos ilícitos".

    Más democracia

    La administración de Santos fortaleció la seguridad y la convivencia e hizo del diálogo una herramienta para fortalecer minorías y transformar los territorios.

    El Ministerio del Interior reconoció espacios autónomos y dio mayor participación en las decisiones públicas a las comunidades indígenas, negras y raizales, entre otras.

    Estimuló la participación electoral.

    El ciclo de elecciones de 2018 tuvo la mayor votación en la historia del país (con 19.628.564 millones de participantes de un total de 34 millones habilitados para votar), sin necesidad de suspender comicios ni trasladar circuitos debido a la violencia, una vieja tradición colombiana.

    Santos también promovió la igualdad sin importar la orientación sexual y sancionó el Estatuto de la Oposición, que establece una serie de garantías mínimas para que todos los partidos que se declaren opositores ejerzan con total libertad —y en igualdad de condiciones— sus derechos democráticos.

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    Santos entregará el 11 de agosto el mando al derechista Iván Duque, quien asumirá por un periodo de cuatro años, sin posibilidad de aspirar a un segundo mandato.

    El Congreso eliminó en 2015 la posibilidad de la reelección presidencial por iniciativa del propio Santos. 

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    presidencia, elecciones, acuerdo de paz, Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, FARC, Juan Manuel Santos, Colombia