"De acuerdo a la información registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento [Meseni] para Nicaragua en el terreno, al completar sus cinco semanas de trabajo en el país, hasta el 30 de julio, el número de personas fallecidas desde el 18 de abril de 2018 ascendería a 317, de las cuales 21 personas serían policías", indica el texto de prensa.
Asimismo, la CIDH afirma que el número de niños y adolescentes fallecidos en el contexto de la crisis en Nicaragua asciende a 23.
Las cifras sobre fallecidos varían dependiendo de la fuente de información.
La no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó el 26 de julio pasado que 448 personas fallecieron desde que comenzaron las protestas.
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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el 30 de julio a la cadena de noticias CNN que los muertos suman 195.
Persecución judicial
La CIDH añadió que entre el 19 y 30 de julio el Meseni recibió información "alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos".
Estas personas reportaron malos tratos antes de ser entregadas a comisarías de la Policía Nacional o al Auxilio Judicial, en Managua, añade la CIDH.
Según la información recibida por la Meseni, las personas detenidas no son informadas de sus derechos al momento de la detención, ni de los cargos que se les imputan; no se exhiben órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevadas.
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Por ejemplo, el Meseni tomó conocimiento sobre la detención de Irlanda Jerez Barrera, una de las líderes de los comerciantes autoconvocados del Mercado Oriental, "por ser encontrada culpable de fraude y estelionato [venta fraudulenta]" y quien presuntamente fueinterrogada por su rol en las manifestaciones contra el Gobierno.
El Meseni también recibió información "preocupante sobre la detención en Masaya de dos niños, de 14 y 15 años, que habrían sido trasladados y mantenidos en el Chipote (cárcel) por cinco días".
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De acuerdo con los testimonios, al momento de ser detenidos y durante su traslado, "uno de los niños habría sido víctima de quemaduras de cigarrillo en el cuello y el otro habría sufrido torsiones provocadas por el peso de uno de los captores sobre su cuerpo, con el objetivo de que proporcionaran mayor información sobre otras personas que participaban en los tranques", indica el comunicado.
La CIDH también informa de agresiones a periodistas.
El 29 de julio pasado, el periodista Roberto Antonio Collado, corresponsal de Canal 10 en la ciudad nicaragüense de Granada (suroeste), fue golpeado y detenido por encapuchados mientras cubría una movilización en esa ciudad; posteriormente, fue entregado a la Policía Nacional por las personas encapuchadas, indica el comunicado de la Comisión.
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En presencia de los agentes, y pese a identificarse como periodista, Collado fue "golpeado por sus captores con armas de fuego, quienes dijeron que lo hacían por haber difundido mentiras", agrega.
Por otra parte, el 27 de julio pasado, añade el comunicado, al menos 40 personas habrían sido "despedidas de manera injustificada" del Hospital Oscar Danilo Rosales [HEODRA], en la ciudad de León, en represalia por haber atendido o manifestado apoyo a las personas heridas en el marco de las protestas, dice el informe.
El 28 de julio, otras 40 personas habrían sido despedidas del Hospital Regional Santiago, en Jinotepe, por presuntamente participar en la toma del centro hospitalario.
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El presidente Ortega dijo que las manifestaciones contra su Gobierno están influenciadas por las acciones del grupo terrorista ISIS (autodenominado Estado Islámico y proscrito en Rusia).
"Pareciera que la influencia del Estado Islámico ha llegado a través de las redes [sociales] hasta Nicaragua", dijo el mandatario en un acto con motivo del 39 aniversario de la Fuerza Aérea.
"Terrible, y no fue un caso, fueron varios casos de hermanos nicaragüenses incendiados, quemados, entre ellos dos hermanos policías incendiados, quemados. Terrorismo, no hay otra palabra", dijo Ortega.
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El Gobierno atribuye el derramamiento de sangre a sectores violentos de la oposición que intentan ejecutar un "golpe blando".
