"Vamos a demandar al Estado colombiano por haber violentado mis derechos humanos y la Carta de San José de Costa Rica sobre los derechos humanos que establece que ninguna persona puede ser deportada así sea su país de origen cuando en ese país se lo persigue por sus opiniones políticas o donde su integridad corra peligro y ambas condiciones se cumplían en mi caso", declaró a la prensa a su llegada a la Fiscalía en Quito.
La policía de ese país indicó también que el artículo 105 del Decreto 4000 de 2004 autoriza la deportación cuando "se ha comunicado por autoridad extranjera al Estado Colombiano que en contra de la persona se ha dictado en ese país providencia condenatoria o una orden de captura por delitos comunes".
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En aquel entonces pesaba sobre Balda una sentencia por "injuria calumniosa no grave", por la cual debía pasar dos años en prisión, tal como ocurrió a su retorno, pero también el Gobierno de Correa lo buscaba por atentar contra la seguridad interna al haber denunciado que el exmandatario ejecutaba acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.
A decir de Balda, su expulsión fue una "maniobra política" entre "el expresidente Rafael Correa y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos" para "parar la investigación que se seguía en la Fiscalía de Colombia (por su secuestro)".
En ese sentido, insistió en que en Colombia "es vox populi" y que "en medio de los políticos colombianos se sabe que se realizó esta gestión entre Juan Manuel Santos y Rafael Correa".
Al ser consultado sobre la cuantía que exigirá al Estado colombiano por su deportación, el político apuntó que la mayor reparación "es que ustedes los ciudadanos sepan que estos hechos ocurrieron".
El secuestro de Fernando Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, cuando cinco personas lo interceptaron y lo embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.
La justicia nacional vinculó a Correa al rapto de Balda luego de que exfuncionarios señalaran en sus versiones que la orden vino desde Carondelet (palacio de Gobierno) y del propio expresidente.
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Está previsto que este 18 de julio concluya la instrucción fiscal del caso y en los próximos días la jueza Daniela Camacho anuncie si el proceso pasa a juicio y el nivel de vinculación de los involucrados.
