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    Carlos Mesa expresidente de Bolivia

    Fiscalía boliviana plantea formalmente enjuiciar a expresidente Mesa

    © AFP 2018 / Ali Burafi
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    LA PAZ (Sputnik) — El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, requirió un juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) por supuestos delitos cometidos en la expulsión de la empresa minera chilena Quiborax, que costó al Estado 42,6 millones de dólares.

    "Emito el requerimiento acusatorio a objeto de que (…) el Tribunal Supremo de Justicia lo remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional a los fines de considerar la autorización de juzgamiento con respecto a la conducta del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert", dijo Guerrero leyendo en conferencia de prensa su propia resolución.

    El fiscal precisó que tomaba esa decisión en el plazo legal y "en merito a los antecedentes acumulados y la existencia de materia justificable y tipicidad en el contenido de la proposición acusatoria" presentada inicialmente por la Procuraduría General.

    El juicio requerido por Guerrero podría ser lapidario para las aspiraciones políticas de Mesa, la figura opositora más popular, según diversas encuestas, de cara a las elecciones generales de 2019 en la que el presidente Evo Morales buscaría una cuarta elección consecutiva.

    El mismo Mesa había denunciado la semana pasada que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, había dado una aprobación anticipada a su juzgamiento al saludar con aplausos un informe ministerial que lo responsabilizó por la derrota de Bolivia en un juicio contra Quiborax en un tribunal internacional.

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    El fiscal Guerrero explicó que para tomar su decisión consideró toda la documentación oficial disponible pero no pudo incluir una declaración de Mesa, porque éste se negó a responder preguntas cuando fue convocado.

    Señaló que el siguiente paso del juicio es que el Tribunal Supremo pida la autorización de la Asamblea, algo que en medios políticos se considera solo un trámite porque el oficialismo tiene más de dos tercios en ambas cámaras.

    "Solo después de que el requerimiento acusatorio vuelve de la Asamblea al Tribunal Supremo, y éste lo devuelve al Ministerio Público, es cuando comienza realmente el proceso de investigación", dijo Guerrero.

    El fiscal añadió que en el eventual juicio de responsabilidades no serán incluidos los tres exministros de Mesa también identificados en la denuncia de la Procuraduría, porque el expresidente "es la única persona que goza de privilegio constitucional" en este caso.

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    Quiborax explotaba ulexita y otros productos no metálicos en el salar de Uyuni (sudoeste) cuando Mesa anuló sus concesiones supuestamente sin cumplir procedimientos que su mismo Gobierno había aprobado en forma previa, lo que originó el pleito perdido finalmente por el Estado, según la actual administración boliviana.

    Mesa, quien era vicepresidente del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada y lo sucedió tras una ola de convulsión social, sugirió que el Gobierno de Morales habría perdido intencionalmente el juicio contra Quiborax para someterlo a juicio siguiendo un plan de "demolición política".

    A principios de junio, tras perder un largo proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, el Gobierno convino con Quiborax el pago de 42,6 millones de dólares, 14,5 millones menos de lo señalado en el fallo correspondiente.

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    Según la Procuraduría, los delitos principales que habría cometido Mesa en este caso se tipifican como violación de la Constitución y daño económico al Estado. 

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