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    Derecho a la vivienda en América Latina: los Estados no tienen "voluntad" para cumplirlo

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    ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los latinoamericanos para canalizar sus conflictos de acceso a la vivienda en la Justicia? El Observatorio de Conflictividad y Acceso a la Justicia (OCCA) realizó un estudio que da cuenta de que ese derecho "no es igual de respetado" que otros, dijo a Sputnik Marco Fandiño, director del proyecto.

    El 4 de julio el OCCA, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, publicó los hallazgos del estudio de conflictividad civil y barreras de acceso a la justicia respecto a vivienda y tierra en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Nicaragua y Paraguay.

    Uno de los resultados que destacó Marco Fandiño, que dirigió el proyecto de investigación, es que en los ocho países existe un consenso en reconocer constitucionalmente el derecho a la vivienda, pero sin embargo "no existe por parte de los Estados una voluntad clara y efectiva" de satisfacerlo.

    "Es una constitucionalización simbólica: se consagra el derecho pero no se generan mecanismos efectivos para que se cumpla […] no se tiene la lógica que el derecho a la vivienda debe ser igual de respetado que el derecho a un juicio justo, a la libertad de expresión, libertad de movimiento", explicó.

    En ese sentido, señaló que sólo Colombia, México y Brasil tienen procesos que permiten cautelar intereses difusos o colectivos cuando el ejercicio del derecho se ve afectado. "Esta cuestión es especialmente trascendente en materia de vivienda y tierras por tratarse de un derecho social que, como tal, tiene una fuerte dimensión colectiva", se lee en el informe.

    Fandiño también hizo hincapié en otro de los resultados: cuando el usuario se encuentra en una situación de vulnerabilidad y ve violentado su derecho a la vivienda, "el acceso a la Justicia es mucho más complejo".

    Tal es el caso de la "villa inflamable" de Avellaneda, en Provincia de Buenos Aires, que está en una zona "de alta contaminación ambiental". Allí convive una población de bajo nivel socioeconómico con el polo petroquímico más grande del país, basurales y zonas de "lagunas" y ciénagas.

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    En 2008, en la llamada "causa Mendoza", la Corte Suprema de Justicia argentina ordenó al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, sanear la contaminación y relocalizar a los habitantes; no obstante, 10 años después, el OCCA da cuenta de que aún no se ha concretado la medida dispuesta, "continuando esta población expuesta a los riesgos de salud y ambientales, y en situación de segregación sociourbana".

    También se constató violaciones al derecho de acceso a la vivienda en Paraguay, en las familias indígenas Mbya Mbokaja Yguazú, de la parcialidad Mbya Guaraní, ubicada en el departamento de Caaguazú, a 223 kilómetros al este de Asunción.

    Las comunidades indígenas de allí están en una situación de pobreza extrema, agrupados en un territorio de 53 hectáreas "que no permite el sustento de su vida". "Frente a la necesidad de acceso a tierra […] 40 familias realizan una toma de territorio de una colonia menonita colindante, tras lo cual se decide aplicar un protocolo de actuación que los desaloja y persigue penalmente", se explica en el informe.

    Sin embargo, "a la fecha [el Estado paraguayo] aún no ofrece solución al conflicto", indicó Fandiño. En el estudio se señala que a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2030 reconoce a las poblaciones indígenas como vulnerables en cuanto al acceso a la tierra, y la legislación paraguaya les reconoce el derecho al territorio ancestral, "estos no tienen vigencia real", concluye el OCCA.

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    Sobre este caso, el director del proyecto señaló como una de las principales barreras la lengua: "Estas comunidades no cuentan con traductores que presten el servicio cuando ellos quieran presentar reclamos ante el sistema de Justicia".

    Otro caso "bastante importante" es el de los migrantes haitianos que arriendan viviendas en Chile. Se trata de personas migrantes en una situación no regular, de bajo nivel socioeconómico y de lengua extranjera (creole).

    "Ven afectado su derecho porque en muchos casos abusan de su situación de ilegalidad para establecer contratos en los cuales se les arriendan habitaciones a un precio bastante elevado, y donde ellos, por su situación ilegal, tampoco pueden recurrir a la Justicia", contó Fandiño.

    Principales obstáculos para el ejercicio del derecho a la vivienda

    Además de que "falta una voluntad clara y efectiva" de los Estados, el director de la investigación encuentra que surge un problema en la responsabilidad que asumen los diferentes poderes del Estado al momento de intervenir en las situaciones de vulneración.

    En ese sentido, Fandiño señaló que en América Latina "existe una necesidad" de que sea el Poder Ejecutivo el que lleve adelante "medidas adecuadas y genere un presupuesto público" para que se pueda cumplir con el derecho. Sin embargo, "el hecho de que la principal responsabilidad sea de los Gobiernos no quiere decir que el Poder Judicial no deba actuar en estas situaciones", opinó.

    Algunos de los "grandes problemas" que existen para que la Justicia pueda actuar en defensa de estos grupos tienen que ver con cuatro aspectos.

    Por un lado, en la mayoría de los países no existen procedimientos adecuados para llevar adelante una reclamación de estas características ante un juez, y por otro, en aquellos en que sí existe, éste no es accesible porque sus tiempos de respuesta son muy elevados.

    Asimismo, Fandiño también aseguró que no existe una adecuada comprensión de los derechos por la ciudadanía, porque el sistema de Justicia "sigue utilizando un lenguaje decimonónico". "Hoy no existe una claridad en cuanto a las decisiones judiciales", afirmó.

    Otro de los problemas está en los servicios de asistencia jurídica gratuita, que comprenden a los abogados de oficio y las Defensorías Públicas, ya que "no suelen trabajar estas áreas".

    "La defensa Pública suele estar más garantizada en la materia penal […] El estado por regla general o no establece los recursos, o son pocos abogados, para dar cobertura a grandes segmentos de la población, y por lo tanto no son efectivos", aseguró Fandiño.

    En números

    En América Latina el acceso a la vivienda es una problemática social "caracterizada por una acentuada desigualdad en la distribución de la tierra", se lee en el informe.

    En ese sentido, OCCA señala que el coeficiente Gini (que mide la desigualdad) aplicado a la distribución de la tierra alcanza un.79, una cifra elevada en comparación con Europa (.57), África (.56) y Asia (.55), según información de 2017 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

    También citan datos de la CEPAL de 2012 que indican que el 80% de la población latinoamericana habita en zonas urbanas, "resultado de un intenso y desordenado proceso de urbanización que resultó en el desarrollo de cinturones de pobreza en la periferia de las ciudades". E información de TECHO, que estima que 113,4 millones de personas en la región viven en asentamientos informales, "con la consiguiente inseguridad de la tenencia, la precariedad de las construcciones y la presencia de déficits cualitativos habitacionales".

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    derecho a la vivienda, acceso a la justicia, desigualdad social, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA), América Latina
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