"El campesinado tuvo un retroceso enorme", dijo Galeano miembro de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) de los agricultores familiares, quienes tuvieron varios momentos de tensión con el Gobierno de Cartes.
Los trabajadores rurales se enfrentaron en repetidas ocasiones al Ejecutivo liderado por Cartes.
En julio del año pasado, los campesinos acamparon por más de dos meses en la Plaza de Armas, ubicada en el centro de Asunción, reclamando que el Gobierno condonara las deudas que los labriegos habían contraído.
La ley de "rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas", que establecía el subsidio de las deudas de más de 18.000 campesinos con el Estado, fue vetada por Cartes.
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En contrapartida, el presidente ofertó dar capacitación en centros de orientación financiera, que supuestamente permitirían dar nuevos créditos y a la vez fortalecer la confianza de los pequeños productores para el otorgamiento de créditos con el fin de "proyectar su crecimiento sustentable a largo plazo".
Sin embargo, para Galeano lo único que se ha logrado es que más campesinos emigren a la ciudad por falta de oportunidades ante la dificultad de colocar sus productos en el mercado.
Con este panorama el pequeño productor se ve obligado a vender o arrendar su campo para la producción extensiva de soja.
"Esto es una iniciativa del Gobierno", aseguró el representante.
Nuevo Gobierno
Ante la llegada de la nueva administración del presidente electo, Mario Abdo Benítez, los campesinos se organizan para debatir los puntos más relevantes en una plenaria de la CNI donde participarán el 10 de julio entre 1.500 y 2.000 personas de 13 regiones del país.
Además, confían en que el Gobierno entrante promulgue las leyes que según Galeano impulsarán el sector y les permitirá a los agricultores una mejor calidad de vida.
Las normas son la Ley de Defensa de la Agricultura familiar, que debería aprobarse antes del 30 de este mes, cuando comience la nueva legislatura, la Ley de Seguro Agrícola que contempla subsidios económicos para los pequeños productores, y una ley de soberanía alimentaria y nutricional.
Aprovechar el crimen organizado
En otro orden, los campesinos estudian la posibilidad de presentar un texto para que se legisle sobre los bienes confiscados al crimen organizado.
Esta propuesta será discutida en la plenaria del 10 julio donde a decir del representante se buscan soluciones para llevarle a los políticos.
"Una característica que nos representa es que nosotros siempre les llevamos las posibles soluciones, no solo los problemas", comentó.
La economía de Paraguay ha crecido cinco por ciento en promedio en la última década, según datos del Banco Mundial.
Sin embargo, el país de siete millones de habitantes tiene casi dos millones de pobres, entre ellos muchos campesinos.
