"Esta semana interpondremos una acción de inconstitucionalidad contra ley que prohíbe publicidad estatal en medios (…) evaluamos otras medidas para evitar se afecte la obligación del Ejecutivo de comunicar las acciones y servicios que brinda a la población", comunicó el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.
Esta semana interpondremos acción de inconstitucionalidad contra Ley que prohíbe publicidad estatal en medios. Asimismo, evaluamos otras medidas para evitar se afecte la obligación del Ejecutivo de comunicar las acciones y servicios que brinda a la población. No a la #LeyMordaza.
— Martín Vizcarra (@MartinVizcarraC) 18 июня 2018 г.
La ley, que fue publicada el lunes en el diario oficial El Peruano, ha sido calificada por Vizcarra como "ley mordaza", ya que sostiene que lo que busca en el fondo es hostigar a los medios que vienen destapando diversos escándalos en el Congreso.
Varios parlamentarios de Fuerza Popular y APP han sido objeto de investigaciones de parte de la prensa en los últimos meses.
Sobre el parlamentario de APP, Richard Acuña, la prensa descubrió que había adquirido de forma fraudulenta un terreno de más de 200.000 metros cuadrados en la ciudad de Trujillo (norte).
Sobre la parlamentaria de Fuerza Popular, Yesenia Ponce, la prensa descubrió que había mentido en su hoja de vida; a Edwin Vergara, también de Fuerza Popular, se le descubrieron nexos con un narcotraficante colombiano; asimismo, a la parlamentaria de la misma bancada, Lizbeth Robles, la prensa la denunció por extorsionar a sus trabajadores en el Congreso, cobrándoles la mitad de sus sueldos bajo amenazas de despido.
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Sin embargo, según los congresistas que han apoyado la ley, esta tendría el objetivo de evitar el gasto excesivo que hace el Estado invirtiendo en publicidad en los medios de comunicación privados.
El presidente Vizcarra ha sostenido que la ley atenta contra el artículo 2 de la Constitución referido a la libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento.
La preocupación del Ejecutivo es que no podrá contar con canales de comunicación suficientes para informar a la población sobre campañas, planes, obras y demás tareas del gobierno.
