"La decisión se adoptó en cumplimiento del auto emitido el 1 de junio de 2018 por el magistrado Alberto Rojas, de la Corte Constitucional, con ocasión del alegado conflicto de jurisdicciones invocado por la Fiscalía General de la Nación", señaló la JEP en un comunicado.
La fiscalía había alegado que la JEP solo estaba habilitada para determinar si los delitos de narcotráfico de los que EEUU acusa a Santrich fueron cometidos antes o después del acuerdo de paz que el Gobierno de Colombia firmó con la FARC en noviembre de 2016.
En virtud de ese acuerdo de paz, la FARC dejó de ser la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y se convirtió en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Si la JEP determina que tales delitos fueron cometidos después de la firma de dicho acuerdo, el caso de Santrich pasaría a la justicia ordinaria y el dirigente podría ser extraditado en un periodo de seis meses.
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"La Fiscalía General de la Nación reconoce que la JEP es la única autoridad competente para determinar la fecha de los hechos de cara al trámite de la extradición; en esa materia no hay ningún conflicto de competencias, de manera que el trámite de extradición debería continuar su curso normal en la sección de reconocimiento en la jurisdicción especial de paz", aseguró Martínez, según la emisora local Blu Radio.
La semana pasada el Gobierno de EEUU formalizó ante la cancillería la solicitud de extradición de Santrich por supuestos delitos relacionados con el tráfico de drogas.
El exguerrillero comenzó una huelga de hambre desde ese mismo día, la cual mantuvo por 41 días, luego de ser señalado de participar en un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense.
Según las autoridades locales y de EEUU, los hechos habrían ocurrido desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que el exguerrillero habría incumplido el acuerdo de paz y puede ser objeto de extradición.
Santrich y el recién creado partido de izquierda FARC afirman que es víctima de un montaje conjunto entre el fiscal general de Colombia y el Gobierno de EEUU para afectar la implementación del acuerdo de paz y llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales estadounidenses.
