"La investigación de la Policía Federal sobre el supuesto beneficio del presidente Michel Temer al grupo empresarial Rodrimar entró en el terreno de la ficción policial, porque el decreto de los puertos no trajo nada en favor de la empresa; sin hechos nuevos o pruebas el comisario intenta reabrir una investigación ya archivada dos veces por la justicia por falta de pruebas", asevera la nota oficial.
El mandatario pudo haber incurrido en delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero al redactar un decreto que prorrogó los contratos de concesión portuarios, beneficiando a las actuales empresas; por eso la policía investiga desde septiembre de 2017 si el grupo Rodrimar sobornó al presidente para obtener ese beneficio.
El Gobierno reaccionó negando todas las acusaciones después de que el diario O Globo desvelara que la investigación incluye indicios de pagos de 340.000 reales (89.000 dólares) mensuales a Temer a finales de los años 90 por parte de las empresas del sector portuario.
Más información: Nuevo director de Policía Federal de Brasil seguirá investigando a Temer
El Ejecutivo remarca que ese papel que incrimina a Temer, "sin origen y sin autor", fue anexado a la investigación de forma involuntaria por Érika Santos, exesposa del empresario Marcelo de Azeredo, cercano a Temer y quien presidió la compañía portuaria Codesp.
Santos declaró en 2001 a la justicia que fue su abogado quien aportó ese documento, sin que ella diera su consentimiento ni supiera nada sobre su origen.
Sería la tercera que afronta a lo largo de sus poco más de dos años de Gobierno.
El mandatario y buena parte de la cúpula de su partido ya fueron denunciados por corrupción, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal, pero las denuncias no prosperaron.
Debido a su condición de presidente, Temer tiene inmunidad, y tan solo la Cámara de Diputados puede autorizar que el Tribunal Supremo Federal lo investigue.
En las dos ocasiones anteriores el presidente logró el número suficiente de apoyos para archivar las denuncias.
