El documento expresó su preocupación "por los informes en curso de disturbios sociales y violencia en las últimas semanas en Nicaragua" y afirmó haber tomado nota de "las declaraciones emitidas por varios Estados miembros, el secretario general (Luis) Almagro y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresando preocupación y deplorando los actos de violencia que han tenido lugar en Nicaragua y que han causado docenas de muertos y heridos".
También expresó su satisfacción con "la aceptación por parte del Gobierno de Nicaragua de la visita de trabajo de la CIDH del 17 al 21 de mayo de 2018 a Nicaragua para observar la situación de los derechos humanos en el país en el contexto de los acontecimientos ocurridos desde el 18 de abril de 2018".
Además, celebró que el Gobierno nicaragüense diese el visto bueno "para crear un Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI) para investigar esos eventos basados en las observaciones preliminares de la CIDH después de su visita".
Mediante la declaración la OEA expresa "su condena (ante estos hechos) y exige el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general".
La OEA llamó "a todos los actores políticos y sociales para que se abstengan de destruir la propiedad".
La declaración hizo un llamado "al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, celebradas en un ambiente libre de miedo a la intimidación, las amenazas o la violencia".
Más información: Presidencia de Nicaragua niega que haya grupos paramilitares afines al Gobierno
Las protestas estudiantiles en esta nación se iniciaron a raíz del incendio en la reserva biológica Indio Maíz (sur) que estalló el 3 de abril y duró diez días, pues los estudiantes consideraron que el Estado fue negligente en combatir el siniestro, según la relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola.
Las movilizaciones se intensificaron tras los cambios al sistema de pensiones que realizó el Gobierno que preside Daniel Ortega, por la condena de los manifestantes a las muertes en los choques con la policía y a lo que entienden como ausencia de justicia por esos hechos, indicó la comisionada.
