"La Corte Constitucional de Colombia debería abordar graves deficiencias en el componente de justicia del acuerdo de paz con las FARC [hoy convertida en partido político de izquierda]", señaló HRW en un comunicado publicado en su página web.
Según HRW, uno de los problemas es la definición de "responsabilidad de mando", es decir, el criterio que determina cuándo los comandantes pueden tener responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus subordinados.
El organismo también pidió a la Corte que asegure una participación genuina de las víctimas en los procedimientos ante la JEP, tribunal creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a actores del conflicto armado colombiano y particulares que financiaron el mismo.
"Si bien el proceso de paz es una oportunidad histórica para mejorar la situación de derechos humanos en Colombia, su componente de justicia apenas garantiza unos mínimos de justicia a las víctimas de graves atrocidades cometidas durante el conflicto armado", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, citado en el comunicado.
HRW también considera preocupantes dos disposiciones del proyecto de ley que podrían impedir que defensores de derechos humanos se desempeñen como jueces en la JEP.
Las disposiciones excluyen, entre otros, a quienes en los últimos cinco años "hayan tramitado acciones ante Sistemas o Tribunales Internacionales de Derechos Humanos" o "pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones" que hayan intervenido en casos judiciales "relacionados con hechos del conflicto armado".
A juicio de Vivanco, "impedir que abogados de derechos humanos sean jueces es una política absurda", ya que "lejos de asegurar la imparcialidad judicial, estas disposiciones eliminan a candidatos que podrían tener justamente el tipo de conocimiento y experiencia necesarios para juzgar crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos".
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Está previsto que la Corte Constitucional analice en los próximos días el proyecto de ley de la administración de justicia en la JEP, aprobado el 30 de noviembre de 2017, en el cual se detalla cómo funcionará el sistema judicial que se acordó con las antiguas FARC como parte de las conversaciones de paz.
