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    Expresidente Uribe pide que Corte Suprema mantenga investigaciones en su contra

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    BOGOTÁ (Sputnik) — El actual senador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) pidió que la Corte Suprema de Justicia mantenga las investigaciones en su contra, luego de que su abogado intentó que las mismas fueran desestimadas.

    "He pedido al dr. Jaime Granados (su abogado) que retire la solicitud de anular procesos en mi contra, mi norma es que me investiguen y rápido. Nada de dilaciones de mi parte. Sigo buscando pruebas sin manipular testigos, como lo dice el grupo de detractores", señaló Uribe en su cuenta de Twitter.

    ​Asimismo, en otro trino, pidió "que se adelanten todos los procesos" que haya en su contra.

    Más temprano, Granados acudió a la secretaria de la Sala Penal de la Corte Constitucional para interponer un recurso con el que pretendía se anularan investigaciones en contra de su defendido, Uribe.

    El exmandatario es investigado por casos de falsos testigos, por publicidad engañosa del referendo de los acuerdos de paz con las FARC (hoy convertidas en partido político de izquierda) y por vínculos con las masacres del Aro, La Granja y San Roque (Antioquia, noroeste), así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Ovalle.

    "La Sala Penal de la Corte Suprema perdió competencia desde el momento que llamó a entrevistas a los aspirantes a ser magistrados de las nuevas salas de instrucción y juzgamiento de primera instancia", explicó Granados antes de que Uribe le pidiera que retirara la solicitud.

    La decisión de Uribe se dio un día después de que la Corte Suprema de Justicia declaró delitos de lesa humanidad las masacres del Aro, La Granja y San Roque, así como el asesinato de Ovalle.

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    La masacre del Aro ocurrió el 23 de octubre de 1997, cuando un comando paramilitar asesinó a 16 campesinos, violó a varias mujeres y quemó la aldea en hechos que se desarrollaron a lo largo de una semana.

    Por su parte, los crímenes de La Granja ocurrieron el 11 de octubre de 1996, cuando hombres armados incursionaron en la región, cerraron los establecimientos públicos y asesinaron a varias personas tras señalarlas de ser auxiliadoras de la guerrilla, lo que causó el desplazamiento de 300 personas.

    En ese mismo año se presentó también la masacre de San Roque, y en febrero de 1998 fue asesinado Ovalle tras denunciar las masacres anteriormente mencionadas.

    Con la decisión de la Corte los delitos relacionados con estos hechos ahora son imprescriptibles, por lo que se debe mantener la investigación hasta que se aclaren y se condene a los responsables.

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