"El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Alejandro Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), solicitó la detención y las indagatorias de 26 militares", adelantaron fuentes judiciales consultadas por Sputnik.
"Los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional [ius cogens] que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos", sostuvo la fiscalía.
En su informe, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se realicen varias medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de lo sucedido durante la guerra.
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La presentación se realizó en la causa que investiga 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina (la segunda por extensión del archipiélago), donde estuvo el Regimiento de Infantería N°5, al que estaban subordinadas cinco compañías militares, y que dependía de la III Brigada de Infantería, en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú.
De esta manera, los militares castigaban las supuestas indisciplinas que generaban las penurias que sufría la tropa, principalmente la falta de abrigo y comida.
Los conscriptos eran soldados que fueron obligados a realizar el servicio militar durante aquella época.
