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    Julian Assange, el fundador de Wikileaks

    Ecuador habría destinado millones para proteger y vigilar a Assange

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    QUITO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador habría destinado unos 6 millones de dólares a la manutención, protección y vigilancia del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, entre agosto de 2012 y marzo de 2018, según reveló una investigación realizada por The Guardian y dos medios nacionales basada en documentos oficiales reservados.

    Aunque "no se ha podido determinar una cifra total de dinero destinado por Ecuador a la seguridad, espionaje y demás actividades de Assange, porque esos datos fueron clasificados de "secretos", según "cifras revisadas por nuestro equipo de investigación, configuran un rubro total aproximado de casi 6 millones de dólares, gastados en el huésped entre agosto de 2012 y marzo de 2018", indica el reporte en el que participaron periodistas de ambas naciones.

    Assange, que permanece asilado en la Embajada ecuatoriana de Londres desde junio de 2012, habría sido vigilado permanentemente por el Gobierno del expresidente Rafael Correa, quien —según datos de la investigación— aprobó que agentes encubiertos siguieran de cerca cada paso del exhacker, anota el reporte en el que colaboraron Plan V y Fundación Mil Hojas.

    Por ejemplo, un reporte de los espías señala que el periodista australiano "durante sus sueños tiende a gritar y hablar de forma incoherente", producto del estrés, "causado en parte por el aislamiento de libertad" y la "poca relevancia mediática sobre el tema Assange".

    Situaciones que podrán "llevar al sujeto a un posible estado depresivo", añade el informe que recalca que "la naturaleza de Assange, con evidentes estados de rabia y sentimientos de superioridad, puede ocasionar cierto estado de estrés al personal que le rodea".

    Pero más allá de eso, está el manejo del dinero que aún no ha podido ser explicado por los exfuncionarios de la ahora extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), creada en 2009 por Correa para "actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional", aunque desde su origen fue criticada por ser usada para espiar y perseguir a políticos y periodistas opositores al exmandatario.

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    Entre los cuestionamientos de la Contraloría General del Estado está el uso de 411.493 dólares entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2012, cuando se registraron consumos sin "ningún documento de respaldo" y con gastos que superan los "10.000 dólares en bebidas alcohólicas y perfumes, y otros 10.000 dólares de los cuales no hay facturas" y que estarían bajo la responsabilidad de la hasta entonces embajadora Ana Albán.

    Además, los documentos revelan que en 2012 y por un periodo de seis meses (28 de junio de 2012 —18 de diciembre de 2012), el país pagó 397.271 dólares "por el monitoreo y vigilancia de Assange".

    Asimismo, señalan que en septiembre de 2012 se puso en marcha la operación Huésped, cuyo objetivo era "tener un equipo de seguridad in situ para Assange las 24 horas del día y una "casa de seguridad" cerca de la Embajada", cuyo alquiler también habría sido pagado por el Estado ecuatoriano.

    El Gobierno también habría pagado a la empresa Blue Cell más de 200.000 dólares durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2012 por concepto de "seguridad diplomática, alojamiento, alimentación y comunicaciones".

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    La investigación expone una serie de datos e incongruencias que la Contraloría investiga al momento, aunque varios de los funcionarios señalados en los informes se hallan prófugos de la justicia, mientras la situación del ciberactivista sigue sin resolverse.

    Ni el Gobierno del presidente Lenín Moreno ni Correa se han pronunciado sobre el tema, a pesar de la insistencia de los medios para que cancillería dé una respuesta al respecto.

    El periodista, que permanece incomunicado desde el 28 de marzo, se refugió en la sede ecuatoriana tras perder todas las apelaciones contra la extradición que Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.

    Assange rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podría enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos filtrados que eran secreto de Estado.

    El informático tiene una causa pendiente con la justicia del Reino Unido por burlar las condiciones de su libertad provisional y guarecerse en la Embajada de Ecuador, que en varias ocasiones le ha advertido sobre su comportamiento.

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    The Guardian, Julian Assange, Ecuador