Según informó la Cancillería argentina estos encuentros buscan "profundizar un diálogo constructivo con el Reino Unido en temas de interés común".
Se refieren al acuerdo del 13 de septiembre de 2016 anunciado por el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina como un "comunicado conjunto", firmado por el exvicecanciller argentino Carlos Mario Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Commonwealth británica, Alan Duncan.
Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas dijo a Sputnik que "lamentablemente el Gobierno argentino avanza en este acuerdo bochornoso e ilegítimo".
Según Alonso, "lo que en 2012 se conoció como la declaración de Ushuaia, donde hubo una reunión de partidos políticos con representación parlamentaria que describieron una política de Estado para avanzar en el reclamo de soberanía de los territorios usurpados, se ve vulnerada con este diálogo".
Un mes después de que el presidente argentino firmara este acuerdo con la primera ministra británica, Theresa May, el CECIM presentó una denuncia penal contra la excanciller Susana Malcorra y el exvicecanciller Carlos Foradori "por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos", comentó Alonso.
El representante aseguró que esta estrategia de priorizar la relación bilateral con la promesa de la llegada de inversiones a Argentina, "resulta una torpeza política que desconoce los apoyos regionales y globales que la causa Malvinas ha cosechado en los últimos años en la región y en foros multilaterales".
El llamado "paraguas de soberanía" fue creado por los británicos, según Alonso, para avanzar en el sector diplomático y con la estrategia de hablar de todo, excepto de soberanía. Según el representante de los excombatientes de Malvinas, este acuerdo tenía que haber sido aprobado por el Congreso de la Nación, "pero no pasa por falta de 'quórum' para sostener nuevamente este tipo de avance".
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"Mientras, los británicos siguen avanzando en el Atlántico Sur, con la ampliación de la militarización, la explotación pesquera y ya se prevé la explotación de hidrocarburos, así como otros recursos naturales de la plataforma continental", indicó Alonso. "Lamentablemente estamos asistiendo a un plan sistemático de entrega del Gobierno", expresó el representante.
"El Gobierno del presidente Macri no está teniendo en cuenta estos riesgos (…) estamos permitiendo nuevamente el fortalecimiento de la presencia de los británicos en el Atlántico Sur para militarizar la zona y quedarse con los recursos naturales que pertenecen a los 40 millones de argentinos", insistió el entrevistado.
Según Alonso, "otra de las barbaridades es acordar con la fuerza militar de ocupación el patrullaje conjunto para controlar la pesca ilegal, cuando cientos de licencias se venden desde las Islas Malvinas que reportan unos 20 y 40 millones de dólares, sin sumar la captura de las distintas especies marinas".
Los diálogos incitaron al reclamo de la gobernación de la provincia Tierra del fuego, ya que muchos de estos recursos usurpados corresponden a este territorio a partir de los acuerdos de pesca.
"Ya esto lo vivimos en los años 90, y los británicos jamás cumplieron con ninguno de esos acuerdos", alertó Alonso.
