Fiscal de la Nación: la mayor presión para la justicia de Perú viene de la ciudadanía

LIMA (Sputnik) — La principal presión para la justicia peruana proviene de los propios ciudadanos, dijo el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien manifestó su voluntad de cumplir con el deseo de la población de que todos los infractores a la ley sean sancionados, antes de dejar su cargo el 21 de julio.

"La mayor presión que tiene un fiscal es la de la sociedad; la gente pide justicia, pide acabar con los delincuentes, que vayan a la cárcel los peces chicos y gordos, entonces hay que cumplir con la colectividad que espera resultados y yo quiero darle resultados", expresó Sánchez en el programa Sin Reservas del Ministerio Público.

Sánchez sostuvo que confía que al término de su mandato pueda colmar las expectativas que tienen los peruanos sobre la Fiscalía, en particular por los casos de corrupción política que padece Perú actualmente.

En ese sentido, el fiscal aseguró que ha dejado "todo encaminado" para que al dejar su cargo la ciudadanía se sienta satisfecha con su labor.

"El fiscal es el que, quizá, ejerce la función más noble en nuestro país; en momentos en los que hay tanta corrupción, tanto daño y maldad, y donde la función nuestra es contribuir mucho a impartir justicia", puntualizó Sánchez.

Las declaraciones funcionario llegan en un momento en el que la Fiscalía viene siendo cuestionada tanto por la clase política como por la ciudadanía por no tratar con la misma severidad a todos los políticos involucrados en casos de corrupción.

Además: Keiko Fujimori recibió dinero de Odebrecht, confirma exdirector de la constructora

Se apunta que mientras al expresidente Ollanta Humala (2011-2016), la Fiscalía le ha solicitado prisión preventiva, allanado e incautado sus inmuebles, al expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) o a la lideresa del opositor Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, el Ministerio Público no haya solicitado ninguna medida de forma efectiva.

Humala, García y Fujimori están siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos por aportes ilícitos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht.

Según declaraciones del exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, y del exgerente general de la empresa, Marcelo Odebrecht, García habría recibido 200.000 dólares como financiamiento para la campaña presidencial de 2006, mientras Fujimori habría recibido 1,2 millones de dólares para la campaña de 2011.

A estos nombres se suman los del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014) y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), todos investigados por recibir dinero de Odebrecht y contra quienes la Fiscalía ha ejecutado allanamientos a sus viviendas o pedidos de captura.