La Ley de Comunicación Social, que deberá ser promulgada o vetada por el presidente Enrique Peña Nieto, "legalizará las antiguas prácticas viciadas, que fomentan el proselitismo político en la prensa, y carece de un marco de regulaciones con mecanismos de control y sanción a los abusos del gasto público en imagen", cuestionó el experto.
La ley que eliminó 70 objeciones opositoras, confirma que la secretaría de Gobernación (Interior), del Gobierno federal de turno, seguirá teniendo la facultad de administrar el masivo gasto en publicidad gubernamental con "apego a los principios de racionalidad, economía, transparencia y honradez", según el texto.
El gasto en promoción de la imagen del Gobierno de Peña Nieto asciende a más de 40.000 millones de pesos a diciembre de 2017, según datos de Artículo 19, organización promotora de un juicio que llegó a la Suprema Corte de Justicia, para obligar al Congreso a legislar sobre la materia.
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Ese gasto público, que equivale a más de 2.200 millones de dólares y superaría los 3.300 millones de dólares en seis años de mandato de Peña Nieto, "pervierte la relación del poder político y la prensa", al condicionar la cobertura de las acciones gubernamentales en los medios contratados, dice la organización.
El litigio ganado por Artículo 19, obligó al Poder Legislativo a emitir una ley que regule el Artículo 134 de Constitución, referido a la propaganda gubernamental.
Sabor agridulce de un batalla ciudadana
Desde febrero de 2014, el Congreso estaba obligado a regular el opaco gasto en publicidad gubernamental, según la reforma político-electoral de 2013.
El máximo tribunal sentenció que la regulación de los gastos en promoción de la obra y la imagen del Gobierno era necesaria para "terminar con la discrecionalidad de los distintos gobiernos que la usan para castigar a los medios críticos y premiar a los oficialistas".
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En su sentencia, los ministros establecieron que la omisión legislativa "viola la libertad de expresión, de prensa e información, pues esos derechos requieren de medios libres que transmitan a los ciudadanos todo tipo de opiniones, y que los medios cuenten con ingresos económicos suficientes".
Reyes dijo a esta agencia que la ley "ratifica la centralización en una cartera del Gobierno (Interior) todo el gasto publicitario, que no fomenta el pluralismo en los medios de comunicación ni en la información recibida por la sociedad".
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La nueva ley "obedece a intereses muy particulares que vulnera a las gran mayoría de medios locales, portales de internet, periodistas independientes y reporteros de algunas casas editoriales", deploró Reyes.
Aun si el presidente promulga la objetada ley, se avecina una batalla legal: "vamos a apelar como parte quejosa, el caso seguirá en tribunales, por ahora nacionales, si es preciso internacionales", puntualizó Reyes.
Expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortaron a las autoridades de México a que la nueva ley garantice la independencia de los medios y libertad de expresión.
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La falta de regulación es el multimillonario gasto es "un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información", indica el exhorto firmado el 24 de abril por los relatores para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, y de la ONU, David Kaye.
De acuerdo con un documento del centro de análisis ciudadano Fundar, el grueso de la publicidad oficial ha tenido como destino tan solo diez grandes medios y empresas de comunicación: Televisa fue la firma más favorecida, con unos 370 millones de dólares; y TV Azteca con unos 220 millones de dólares.
