"La relación de la prensa con el poder no ha mejorado, sino que ha empeorado: en el Gobierno de Enrique Peña Nieto el gasto en promoción de su imagen asciende a más de 40.000 millones de pesos a diciembre de 2017", dijo a esta agencia Ricardo Reyes, integrante de Artículo 19, organización independiente que defiende el derecho a la libertad de expresión.
"El intercambio de dinero y favores entre directivos, periodistas y funcionarios está condicionado a la subordinación de las líneas editoriales de los medios de comunicación", afirmó Reyes, coordinador del Programa de Derecho a la Información de la organización, fundada hace tres décadas.
Esa relación perversa se ha enraizado en la cultura política del país latinoamericano, agregó.
"Es una práctica aceptada, porque algunos directivos de medios son cómplices, al alinearse con los gobiernos que difunden sus obras como éxitos incuestionables", explicó el especialista.
Lea más: RSF: México es el "país más mortífero" para los periodistas en América Latina
Como consecuencia, las críticas a los asuntos oscuros en las decisiones políticas "son objeto de autocensura, que daña la independencia" de los medios, opinó.
La compra y venta de espacios publicitarios "elimina la pluralidad informativa (y) fuerza a los periodistas a mantener un perfil bajo en el abordaje de la corrupción o graves violaciones a los derechos humanos", puntualizó Reyes, quien promueve con otras organizaciones una legislación sobre la materia.
Contra el abuso de la publicidad
De acuerdo con un documento del centro de análisis ciudadano Fundar, entregado a legisladores encargados de redactar la nueva Ley de Comunicación Social, el grueso de la publicidad oficial ha tenido como destino tan solo diez grandes medios y empresas de comunicación.
Asimismo, Grupo Radio Fórmula facturó 58 millones de dólares en concepto de publicidad gubernamental y los periódicos El Universal y Excélsior, recibieron 55 millones de dólares cada uno.
También destacan agencias de publicidad, cuyo papel en la colocación de la cartera publicitaria es muy opaco.
La agencia Starcom Worldwide, de EEUU, que administra la publicidad de empresas como Coca Cola, Visa y Samsung, cobró al Gobierno más de 70 millones de dólares, mientras que su filial en el país, Starcom Worldwide México, facturó otros 45 millones de dólares.
"El papel de las agencia de publicidad es algo que queremos clarificar, mediante una ley que elimine la gran opacidad de intermediarios de la publicidad que controlan el reparto del presupuesto publicitario de manera discrecional entre un puñado de medios", puntualizó Reyes.
Le puede interesar: Asesinatos de periodistas en México, el padecimiento de un pueblo entero
Por su parte, Justine Dupuy, responsable del programa de Rendición de Cuentas del centro de análisis e investigación Fundar, dijo a Sputnik que el objetivo es cabildear por "una legislación que vigile el reparto equitativo, con claridad, que suprima la discrecionalidad en el ejercicio de los fondos públicos de la publicidad gubernamental".
Los datos del tamaño de las audiencias muchas veces no son los reales y son inflados para obtener mayores beneficios económicos, eliminando así el rol de la prensa como vigilante del poder, aseguró.
Sin investigación
El miedo a ejercer un periodismo independiente en el contexto de suma violencia que vive México es otro factor que impide la investigación independiente.
"A la publicidad gubernamental repartida de forma discrecional como herramienta de censura, se suma el escenario de violencia y crisis de la seguridad pública", dijo a esta agencia Laura Sánchez, integrante de la unidad de investigación periodística de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En medios de provincias "a veces un solo anuncio publicitario puede pagar la nómina de todo un mes, por los bajos salarios de los periodistas".
Esa precariedad, relata, "limita la publicación de reportajes críticos en ciudades donde los narcotraficantes están rondando las redacciones, sumado al acoso policial, crea un ambiente asfixiante que obliga a la autocensura".
La autora del libro "Mario Aburto: testimonios desde la cárcel de Almoloya, el infierno de hielo", sobre la vida del homicida del candidato oficialista Luis Donaldo Colosio, asesinado en plena campaña presidencial de 1994, señaló que "es muy complicado ejercer el periodismo de investigación en el interior del país".
Lea más: ONU y CIDH piden a México "pasos audaces" para proteger a periodistas
Como alternativa, la autora encabeza una iniciativa de MCCI para otorgar una beca para periodistas, un apoyo concreto a los profesionales empeñados en proyectos de investigación "relacionados con actos de corrupción en los procesos de impartición de justicia".
El objetivo es "contribuir a que los reportajes que algún poder regional intenta mantener en la sombra, salgan a la luz con toda su potencia", explicó.
La institución, que investiga los sobornos pagados por la constructora Odebrecht en México, que habrían financiado la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, busca así "incentivar y fortalecer el periodismo de investigación, crítico e independiente".
Desde el año 2000, 133 periodistas han sido asesinados en México, más de 40 en el mandato de Peña Nieto, según datos de Artículo 19.
