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Parlamento venezolano pedirá a la CIDH que visite cárceles de su país

© Foto : Pixabay / ErikaWittliebCárcel, imagen referencial (archivo)
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CARACAS (Sputnik) — La Asamblea Nacional de Venezuela (parlamento unicameral de mayoría opositora) aprobó el martes un acuerdo sobre la crisis penitenciaria que incluye una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que visite los centros carcelarios de esta nación.

"Aprobado por unanimidad acuerdo sobre la crisis penitenciaria, en el que se solicita la visita de la Comisión Interamericana de DDHH a las instituciones penitenciarias del país", informó la Asamblea a través de la red social Twitter.

​Este acuerdo se produce luego del incendio registrado el 28 de marzo pasado durante un motín en los calabozos de una comandancia policial de la ciudad de Valencia, estado de Carabobo (norte), que dejó 68 muertos, de los cuales dos eran mujeres acompañantes de los reclusos.

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El parlamento también plantea la elaboración de un marco normativo amplio para la reforma integral del sistema penitenciario venezolano.

Además, los parlamentarios aprobaron la creación de una Comisión Especial para investigar a fondo los hechos en Carabobo.

La Comisión Especial, destacaron los diputados durante la sesión, tiene como objetivo dar inicio al procedimiento para determinar la responsabilidad política, penal, civil y administrativa en estos hechos del presidente Nicolás Maduro, de la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, del ministro de Interior, Néstor Reverol, y del gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

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Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que ya se iniciaron las investigaciones y que hasta el momento hay cinco policías detenidos.

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Saab solicitó decretar una emergencia judicial que permita generar un plan de contingencia para acabar con el hacinamiento de reclusos que, sostuvo, existe en las comandancias policiales.

El fiscal general destacó que los referidos calabozos son lugares de tránsito donde los privados de libertad no deben permanecer más de 72 horas, algo que, denunció, no se cumple, pues algunos llevan varios años recluidos en esos centros, en lugar de ser trasladados a penitenciarías o puestos en libertad, según cada caso.

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