"La denuncia recayó por sorteo en el juzgado número 9 a cargo del juez Luis Rodríguez", informó a Sputnik el abogado y padre de uno de los 44 tripulantes del submarino perdido el 15 de noviembre, que acusa a Oscar Aguad de los delitos de abandono de persona, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la patria.
En ese documento, remitido al Ministerio de Defensa, "se pedía que el submarino fuera a dique seco para reparar, entre otras cuestiones, las escotillas", señaló el denunciante.
Como titular de la cartera, Aguad sabía del orden de operaciones del navío, así como de la última misión asignada al buque que él mismo autorizó.
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El inspector general de la Auditoría, el contraalmirante Eduardo Alfredo Pérez Bacchi, no pudo constatar que el submarino hubiera sido objeto de las tareas de reparación al momento de zarpar, según admitió ante la jueza federal que investiga lo ocurrido con el San Juan, Marta Yáñez.
"De los 33 ítems que marcó su predecesor, fue informado de que se habían subsanado dos, la compra de bengalas y de salvavidas, pero no pudo corroborarlo in situ", indicó Tagliapietra.
La conducta tipificada en abandono de personas se terminó de constituir cuando Aguad dio por terminado, quince días después de la desaparición, el protocolo de búsqueda y rescate de los submarinistas.
Encubrimiento, incumplimiento y traición
El abogado también acusa a Aguad de encubrimiento "por las múltiples mentiras y ocultamientos que se dieron tanto desde el Ejecutivo de Mauricio Macri, y en menor escala, desde la Armada".
La acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público viene asociada a este contexto, explicó Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, de 27 años.
"Cuando el ministro dice que puede resultar imposible encontrar el submarino contradice los dichos del presidente, que primero en privado y luego de manera pública manifestó que se debe buscar el submarino hasta ser encontrado", sostuvo.
El delito de traición a la patria, por último, se configura cuando Aguad entregó un documento reservado sobre las operaciones del submarino al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que lo utilizó en su última comparecencia ante el Congreso, el pasado 14 de marzo, para informar de las políticas del Gobierno.
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En ese informe, se revela que el submarino tenía por área de operaciones la zona que rodea las Islas Malvinas, ocupadas por Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina, y otras aguas bajo control británico.
"Se puso en manos de un funcionario público un documento que puso en riesgo la seguridad nacional, que reveló información sensible y que podría haber creado un conflicto internacional gravísimo", afirmó Tagliapietra.
Con 44 marinos a bordo, el San Juan desapareció cuando se encontraba a 432 kilómetros de la costa a la altura del Golfo de San Jorge (sureste).
Tres horas después de la última comunicación del submarino, el mismo 15 de noviembre, se registró una explosión a 48,28 kilómetros de su última posición, en coincidencia con el trayecto que cursaba hacia Mar del Plata (sur), donde se encuentra el apostadero habitual del navío.
