El organismo tomó las medidas tras atender una solicitud de la Defensoría del Pueblo de Colombia "a favor de los líderes de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera del municipio de Tumaco (suroeste)".
La solicitud de la Defensoría a la CIDH fue presentada por episodios violentos ocurridos en el departamento de Nariño, especialmente en el municipio de Tumaco, y del asesinato del líder comunitario José Jair Cortés, ocurrido el pasado 17 de octubre.
"Desde su constitución como comunidad negra organizada en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, "los habitantes han sido testigos de los homicidios de varios de sus líderes de junta de Gobierno", precisó la Defensoría.
La Defensoría del Pueblo ha evidenciado que los líderes tradicionales de esa comunidad han recibido presiones por parte de grupos armados ilegales, "situación que ha traído como consecuencia el debilitamiento del autogobierno del consejo comunitario por la restricción del libre tránsito y movilidad en el territorio", indicó el organismo.
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Por medio de las medidas cautelares (que fueron emitidas el pasado 13 de marzo) se espera que las instituciones competentes adopten acciones oportunas que permitan la prevención de violaciones a los derechos humanos y la protección de los líderes comunitarios de esa población, precisó la Defensoría.
