"Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva e indebida para dispersar protestas, cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente, se recibieron numerosas denuncias de tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual contra manifestantes", indica el trabajo.
Asimismo, la organización denunció que en 2017 "se siguió utilizando el sistema judicial para acallar a la disidencia, (e) incluso se empleaba la jurisdicción militar para procesar a civiles".
"Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de hostigamiento, intimidación y redadas" y "las condiciones de reclusión eran extremadamente duras", alertó Amnistía en el aparatado sobre el país caribeño de su informe anual.
Ortega Díaz abandonó Venezuela en agosto de 2017 junto a su esposo, el diputado hasta entonces oficialista Germán Ferrer, al ser investigada por presuntamente liderar una red dedicada a extorsionar a empresarios vinculados a casos de corrupción en compañías estatales.
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Las investigaciones contra Ortega y su posterior destitución ocurrieron luego que ella denunció una presunta ruptura del orden democrático de Venezuela.
El Gobierno de Nicolás Maduro responsabiliza a la oposición por las muertes y asegura que los cuerpos de seguridad han respondido con un uso "legal, proporcionado y diferenciado" de la fuerza para la "contención física" de los manifestantes.
Asimismo, ha subrayado que jamás se ha autorizado el uso de armas de fuego contra ellos.
