"Los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían viéndose amenazados por la adopción de leyes que debilitaban el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas y socavaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado", indica el trabajo de la organización internacional.
El informe agrega que los pueblos indígenas de la comunidad de Cuninico, en la región de Loreto (noreste), y de las comunidades de Espinar, en la región del Cusco (sureste), seguían padeciendo en 2017 "una crisis de salud porque sus únicas fuentes de agua habían sido contaminadas con metales tóxicos".
En junio de 2014 hubo un derrame de petróleo por una fuga en el Oleoducto Norperuano en la quebrada de Cuninico.
El 19 y el 20 de febrero, representantes del Gobierno y de las comunidades indígenas de las cinco cuencas de Loreto (Marañón, Chambira, Corrientes, Tigres y Pastaza) se reunieron para evaluar los avances del acta de Saramurillo, firmada en 2016.
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El 20 de febrero, con la presencia de la primera ministra Mercedes Aráoz, las partes acordaron la conformación de un grupo de trabajo encargado de realizar la implementación y el seguimiento de los compromisos de Saramurillo que están en proceso, informó el medio local La Mula.
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Cuatro indígenas asháninka murieron a principios de septiembre de 2014 asesinados por madereros ilegales en Ucayali, confirmó la entonces viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena, publicó el diario local El Comercio.
Violencia contra las mujeres
Asimismo, Amnistía advierte en su informe sobre el aumento en la violencia contra las mujeres y los índices de embarazo en niñas, sin que haya una respuesta eficaz del Estado.
"El Poder Judicial solamente hizo un seguimiento de 2.008 (un 11%) de esas denuncias", agrega Amnistía.
Además, hace referencia a que el indulto y gracia concedidos por el Gobierno el 24 de diciembre pasado por razones humanitarias al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) "causaron honda preocupación por lo que suponían para la impunidad y las garantías del debido proceso".
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Debido al perdón Fujimori cumplió solo 12 de los 25 años de prisión por asesinatos, desapariciones, secuestros y corrupción cometidos durante su mandato.