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CIDH visita México para indagar sobre el caso de 43 jóvenes desaparecidos desde 2014

© REUTERS / Edgard GarridoBandera de México con las fotos de víctimas
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Una misión de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la suerte de 43 desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa en México sostuvo reuniones con familiares y autoridades locales, informó a Sputnik uno de los abogados de las víctimas.

"Los integrantes de la CIDH escucharon a funcionarios del Gobierno federal para elaborar una agenda de diligencias a seguir en el año 2018", dijo a esta agencia Sergio Ferrer, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, estado de Guerrero (sur).

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En las dos jornadas de trabajo, una comisión de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace más de tres años, se reunieron con el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para solicitarles revisar la correcta aplicación de la ley por parte de jueces del Poder Judicial mexicano.

La misión de la CIDH, que cumplió dos días de trabajo, escuchó las quejas de las familias de los jóvenes de origen campesino e indígena que fueron balaceados y secuestrados la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías y sicarios confabulados en la ciudad de Iguala (220 kilómetros al sur de la capital), cuando viajaban en cinco autobuses a participar en una manifestación en la Ciudad de México.

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Los funcionarios del organismo de la Organización de los Estados Americanos también recibieron informes del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, en el marco de la quinta visita oficial del Mecanismo Especial de Seguimiento, dijo el portavoz del centro independiente.

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"Esperamos que el Poder Judicial tenga sensibilidad con el dolor de las familias de Ayotzinapa", afirmó en la reunión un portavoz de las familias, Mario González, al dirigirse a los jueces del CJF y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar.

El padre de uno de los jóvenes dijo además a los jueces que los familiares solo quieren "la verdad y la justicia, para saber el paradero de nuestros hijos y a ustedes les corresponde darnos una respuesta".

En las reuniones con el máximo tribunal participaron además abogados del jesuita Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

Los familiares de las víctimas de desaparición forzada expresaron sus inconformidades frente a las causas penales estancadas y las nuevas acusaciones abiertas.

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Los abogados exigieron "excluir toda prueba ilícita de las investigaciones, y que sean peritos del CJF, no de la Procuraduría General de la República, quienes efectúen el protocolo internacional de Estambul a los acusados que han referido tortura".

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Las investigaciones federales concluyeron que los jóvenes fueron quemados en una inmensa pira en un basurero a cielo abierto de pueblo de Cocula, estado de Guerrero (unos 250 kilómetros al sur de la capital) a orilla del río San Juan.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH cuestionó la investigación y las conclusiones basadas en declaraciones de sicarios del narcotráfico, ligados a las policías municipales de Iguala, que habrían confesado bajo tortura.

Asimismo descubrieron diligencias ilegales que no fueron incluidas en el expediente oficial por el entonces titular de la Agencia de Investigación Federal, Tomás Zerón, actual titular del Consejo de Seguridad Nacional.

El jefe máximo de la corporación federal de investigación trasladó en helicóptero a un sicario, que habría sido torturado, a orillas del río donde un día después fueron encontraron restos humanos calcinados, que permitieron identificar solo a un alumno desparecido, en un laboratorio de genética forense en Innsbruck, Austria.

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