Los tres jueces acordaron aumentar a 12 años y un mes la pena anterior impuesta por el juez Sérgio Moro (nueve años y medio), por delitos de corrupción pasiva y blanqueo dinero, con el agravante de tratarse de un "agente político con capacidad de indicar o mantener a funcionarios públicos en cargos de altos niveles en la estructura del poder ejecutivo".
Los abogados de Lula tendrán plazo hasta el 20 de este mes, y tras agotar los recursos en este tribunal podrán presentar otros en instancias superiores: el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo Federal.
El 6 de febrero, este último tribunal determinó una decisión perjudicial para los intereses del expresidente porque sienta un precedente: los magistrados dictaron prisión inmediata contra el diputado João Rodrigues, quien había sido condenado en segunda instancia (la misma situación que Lula).
El líder del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fue condenado por presuntamente haber recibido de manos de la constructora OAS (una de las implicadas en la trama corrupta de Petrobras) un apartamento de lujo en la costa de São Paulo (sureste), lo que sería una especie de agradecimiento por los favores prestados dentro de la petrolera estatal.
Lula niega que el apartamento fuera suyo y remarca que fue condenado sin pruebas para evitar que sea candidato en las elecciones generales de octubre, para las que parte como favorito según todas las encuestas.
