Según publica este 29 de enero el diario El Nuevo Día, los traslados se realizarían durante el año fiscal 2019, que va del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, y se espera que para 2022 unos 3.200 privados de libertad estén recluidos en cárceles estadounidenses.
Según Rolón, la iniciativa permitiría al Gobierno ahorrar 17,2 millones de dólares en el año fiscal 2019 y hasta 46,9 millones de dólares para el año fiscal 2022, cuando culmine el proceso, que será acompañado del cierre de varias cárceles puertorriqueñas.
"Obviamente, como medida fiscal, para que se dé el ahorro, tiene que haber un cierre de instituciones" carcelarias, afirmó Rolón el 29 de enero.
"Los confinados, aunque están privados de libertad, no están completamente separados de su relación con su familia y con el país; es parte de su proceso de rehabilitación; aquí no se estaría castigando al confinado, sino a toda la familia", expresó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Osvaldo Burgos.
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Al respecto, Rolón dijo que los traslados serán voluntarios.
"No hay nada impuesto. Esa es la clave que atiende todo ese conflicto que [el traslado] pudiera generar de derechos civiles", afirmó la autoridad.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 4 октября 2017 г.
El secretario de Corrección y Rehabilitación dijo que, en promedio, el Gobierno de Puerto Rico paga entre 100 y 109 dólares diarios por preso, y que las instituciones que están en EEUU, cobrarían unos 60 dólares por día por cada persona privada de libertad.
