"Hemos podido verificar 31 detenciones arbitrarias por el caso de la masacre de El Junquito, familiares directos e indirectos y amigos cercanos de las víctimas de la masacre", dijo la presidenta de la comisión especial del Parlamento de mayoría opositora, la diputada Delsa Solórzano, durante una rueda de prensa.
Pérez secuestró el pasado 27 de junio de 2017 un helicóptero de la policía, desde el cual arrojó granadas y disparos contra las sedes del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, sin causar víctimas.
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Solórzano acotó que también hay personas cuyo paradero es desconocido, pero de acuerdo a la información aportada por familiares fueron detenidas por sujetos con capuchas y uniformados de negro.
"Han sido amenazados los familiares, hay serias amenazas en contra de varios familiares, de varios amigos cercanos e incluso de los empleadores de las personas asesinadas", agregó.
En la urbanización Santa Mónica, cercana a San Pedro, también fueron detenidas Eva María Lugo y Laura Vanessa Lugo, a quienes les acusan de presuntamente financiar a Pérez.
Sus familiares señalaron a Sputnik que desconocen su paradero, pero por temor a represalias, prefirieron no ser identificados.
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También están tras las rejas Juan Carlos Urdaneta y Leonadis Javier Deyon González, dos hombres que supuestamente se encargaron del apoyo logístico de la organización, y el médico cirujano William Augusto Aguado Sequera, quien es propietario del vehículo donde trasladaron los fusiles que sustrajeron de un cuartel del Ejército en el estado Miranda (norte), el pasado 18 de diciembre, y de la vivienda donde se encontraban escondidos.
