Senadores de oposición piden a Suprema Corte abolir Ley de Seguridad en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Senadores de las bancadas de oposición presentaron ante la Suprema Corte de Justicia una impugnación legal contra la Ley de Seguridad Interior aprobada y promulgada a mediados de diciembre de 2017, que estiman "inconstitucional", informaron los legisladores.

"El recurso legal pide que se declare inconstitucional todo el contenido de la Ley de Seguridad Interior" dijo la presidenta de la Comisión de DDHH de la Cámara Alta, senadora Angélica de la Peña.

El grupo legislativo plural exhortó a las bancadas del gobernante Partido Revolucionario Institucional y a sus aliados que votaron a favor de la ley, a que durante el próximo periodo ordinario, que comienza en febrero próximo, apruebe una nueva Ley de Seguridad Pública que reemplace la legislación que autoriza el despliegue de militares contra la delincuencia.

El documento legal de "acción de inconstitucionalidad" presentado por los legisladores, argumenta que "la aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Seguridad Interior constituye el último eslabón en la construcción de un Estado policíaco-militar en México".

Esa legislación impugnada y severamente cuestionada por todos los organismos internacionales especializados en derechos humanos, avala la construcción paulatina "de un sistema jurídico concatenado y planeado para trastocar las bases del Estado Constitucional Democrático de Derecho".

Lea más: "Oficialismo rechaza voces autorizadas que advierten de militarización en México"

Entre los principales pasajes criticados a la ley está, la facultad que otorga al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas fuera de la constitución que representa "una violación a la norma suprema y a los derechos fundamentales de las personas", dice la impugnación.

Los legisladores inconformes pertenecen al los partidos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y del Movimiento de Regeneración Nacional.

Los senadores pidieron al máximo tribunal "una justicia expedita contra esta ley absolutamente inconstitucional, contraria a los intereses nacionales y que militariza el país".

Además de las impugnaciones legales de organizaciones civiles y toda la oposición política en el Congreso, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de DDHH exhortaron a Peña Nieto a no promulgar la ley.

La legislación "genera confusión entre la nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país", que incluye graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por militares, dijo el organismo especializado de la ONU.

La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana "no es la respuesta adecuada", estiman los expertos del organismo mundial.

La ONU-DH propuso, en cambio, aplicar "un enfoque de seguridad ciudadana, el fortalecimiento e independencia de la procuración de justicia, la profesionalización y dignificación de las corporaciones policiales, y el establecimiento de una política efectiva de rendición de cuenta".

El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en once meses de 2017 se cometieron 23.101 homicidios violentos, el más violento de la historia reciente, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.