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    Consulta popular en Ecuador responde a estrategia del presidente Moreno para legitimarse

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    QUITO (Sputnik) — La consulta popular convocada vía decreto por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, responde a una estrategia política con la que busca mejorar su gobernabilidad y nivelar fuerzas, después de que llegara al poder con un país dividido que le exigía cambios institucionales, dijo a Sputnik el politólogo José Luis Fuentes.

    "La legitimidad de Moreno fue cuestionada desde el inicio por la forma como se dio el proceso eleccionario, no porque haya habido fraude, sino por la división que había en el país; hay un bloqueo de una parte de la ciudadanía que el presidente está tratando de evitar", señaló Fuentes, catedrático de la Universidad de las Américas (UDLA).

    El académico consideró que la convocatoria a consulta popular, que tendrá lugar el próximo 4 de febrero, responde a una estrategia para unificar a la mayoría de voces, sean de oposición u oficialistas, y de esta forma desmarcarse de su antecesor, Rafael Correa (2007-2017).

    El mandatario, continuó, tomó esta decisión "para acomodar su nuevo espacio de poder (…), repartir de nuevo las cartas y plantear otras discusiones, otros esquemas y poder gobernar desde ahí".

    Por el momento Moreno lo ha logrado, pues sus aliados así como los partidos políticos de oposición se han pronunciado a favor de la consulta como una respuesta para deslindarse de los diez años del Gobierno de Correa, quien ahora es el mayor crítico de la convocatoria.

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    Pero para la exsecretaria ejecutiva del partido gobernante Alianza País, Gabriela Rivadeneira, esto tiene su razón, pues "la consulta popular es una consulta tramposa, mañosa e inconstitucional", indicó a esta agencia.

    En ese sentido, Rivadeneira asegura que para ser legal la consulta popular debía ser aprobada por la Corte Constitucional (CC), algo que no ocurrió, "porque el Gobierno sabía que se alistaba un dictamen negativo a las preguntas y lo que hizo fue apresurar arbitrariamente el llamado vía decreto".

    En eso ha insistido también Correa al señalar que "por primera vez en la historia del Ecuador una consulta que reforma la Constitución pasa sin control constitucional, lo cual es gravísimo", dijo al tiempo de manifestar que el único interés de la consulta es dejarlo sin la posibilidad de reelegirse como presidente de la nación, pues la segunda pregunta que plantea es la derogación de la reelección indefinida.

    Recurso constitucional

    Sin embargo, desde el Gobierno consideran que eso no es cierto, pues el llamado a consulta es "un recurso constitucional que también se usó en el Gobierno del presidente Correa", explicó a Sputnik el secretario de Gestión de la Política, Miguel Carvajal, al recordar que el exmandatario llamó a un plebiscito hace seis años en similares condiciones, aunque el tema era más local y no nacional.

    El ministro aseguró que el proceso de convocatoria cumplió con los pasos formales de elaborar las preguntas y someterlas a consideración del ente constitucional para su calificación "pero tenían un plazo de 20 días y se demoraron hasta el día 57 y quién sabe si se iban a demorar más porque evidentemente ahí entra un cálculo político", añadió.

    Por ello, el jefe de Estado decidió enviar dos decretos ejecutivos para pedir que el Consejo Nacional Electoral realice la convocatoria oficial.

    "Todos los constitucionalistas, abogados del país… incluyendo los de oposición están de acuerdo con que la vía escogida es la adecuada, dado que la Corte no se pronunció en los plazos previstos", apuntó el también exlegislador oficialista.

    En eso coincide Fuentes al reconocer que el presidente "sí tiene la facultad de convocar a consulta popular" y que "el problema fue que la Corte tenía un plazo" que debía cumplirse, por lo que su silencio fue una manera de "aceptar tácitamente que la consulta se dé".

    Por ello, Carvajal considera que el plebiscito servirá para seguir "consolidando la condición democrática del país", algo que es "tremendamente importante" porque será "un cierre de este periodo de transición, que de manera inesperada ha llevado a tener la principal oposición dentro de las filas de Alianza País (partido oficialista) capitaneada por el expresidente Correa".

    El funcionario afirma que la aspiración del Gobierno es "continuar con una política que pone énfasis en el desarrollo económico pero también en la equidad social, en la igualdad en la inversión con los sectores sociales más vulnerables", algo que se encausará con la consulta.

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    "Vamos a ir corrigiendo los errores que han cometido antes y los que seguramente estamos cometiendo, y que seguiremos cometiendo, porque es de humanos equivocarse, pero tendremos siempre las antenas abiertas, las escuchas abiertas para que nos sugieran los correctivos o nos adviertan de los problemas", concluyó el ministro.

    Las preguntas de la consulta popular son siete, cinco de referéndum (referidas a cambios a la Constitución) y dos de consulta (reformas a leyes menores), y se someterán a sufragio nacional el próximo 4 de febrero.

    La primera consultará a la ciudadanía si está de acuerdo con que se enmiende la Constitución "para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes".

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    La segunda interrogante, en cambio, plantea eliminar la posibilidad de reelección indefinida, lo que impediría que Correa vuelva a postularse a la magistratura, mientras que la tercera interrogante se refiere a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, encargado de elegir a las principales autoridades de control del país.

    En la cuarta se consultará a la población si está de acuerdo con enmendar la Constitución "para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes" y la quinta pregunta tiene como objetivo prohibir "sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos".

    La sexta inquietud plantea derogar la Ley de Plusvalía y la séptima incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas con mayor biodiversidad del país.

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    Según el último sondeo de la encuestadora Cedatos, el 50% de los consultados afirma que votará Sí en todas las preguntas planteadas en la consulta, en la que están llamados a votar 13 millones de ecuatorianos.

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    legitimidad, consulta popular, Lenín Moreno, Ecuador
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